Ellos no pueden saber qué hace él, pero él sí sabe qué hacen ellos. Ellos no lo pueden ver, pero él sí los ve. ¿Puede haber una relación más desigual?
Con esas características George Orwell describía el poder del “Gran Hermano” en la novela “1984”.
Escrita para denunciar los horrores del stalinismo, hoy no hace falta toparse con un campo de concentración para darse cuenta que esa clave del poder imaginada por el escritor británico puede servir para interpretar lo que ocurre en Salta, donde sus habitantes tienen cada vez más dificultades para acceder a información sobre lo que les atañe, mientras uno pocos acumulan mayor cantidad de información sobre ellos.
Obtener datos que otros desconocen, aprovecharlos al máximo posible: tal parece ser el medio y el fin de la clase empresarial y política de Salta. El año de 1995 puede ser tomado como el comienzo de la aplicación de esas estrategias y objetivos, sobre todo si se leen las crónicas de El Tribuno sobre la privatización del antiguo Banco Provincial de Salta.
El 7 de noviembre de 1995, a horas del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, el diario del gobernador electo Juan Carlos Romero, informaba, por primera vez y en letra chiquita, que el nuevo propietario iba a ser el único agente financiero de la provincia por diez años.
Sólo después de esa modificación –que no toma de sorpresa a Jorge Brito, dueño del Macro- el diario comienza a mencionar a ese banco como posible comprador. El 9 de noviembre, cuando informa de la apertura del sobre número uno, el titular del diario lo decía todo: “Sólo al Macro le interesa el BPS”.
Era una verdad a medias. Lo que le interesaba al Macro no era un banco quebrado por créditos dados a los amigos del poder, sino la fabulosa posibilidad que se le concedía: la de manejar no sólo el dinero de la provincia por diez años –y ya van…-, sino también la de atesorar y usar la enorme cantidad de información que venía con ella.
Estremece un poco imaginarlo. ¿Cuánto sabe el Macro de todos los salteños que trabajan en el Estado provincial o en las municipalidades y por tanto cobran sus sueldos en el Macro?¿ De sus ahorros o de sus rojos, de sus gastos? ¿Pero también de los impuestos que pagan o no pagan todos los salteños y, por tanto, de lo que tienen o no tienen? ¿Cuánto sabe, además, del origen y del destino del dinero público? Dos cliks y la información aparece en la pantalla a disposición del manager. Que más que manager es un avivado
Ahora bien, ¿cuánto pueden saber los salteños del Macro? ¿Cuánto dinero ha embolsado por actuar como agente financiero de la provincia? ¿Cuánto ha obtenido con los créditos subsidiados que el gobierno de Urtubey le sigue concediendo? Y tantas preguntas más. Pero al salteño de a pie le será más fácil conocer el nombre de la siguiente novia de Berlusconi.
Diez años después, en 2006, el gobierno de Romero entrega archivos públicos de la provincia a una empresa que hasta pocos meses antes se dedicaba al comercio de golosinas y el transporte de gaseosas.
Imagine cualquiera la cantidad de información que la Policía ha acumulado sobre los salteños y piense que el cincuenta por ciento de la documentación guardada en los galpones de Plumada del acceso a Salta–y en buena parte digitalizada- ha sido enviada por la misma Policía. Añada el sistema de cámaras que un actual juez de Corte instaló en el centro y con las que cualquier mortal que va a comprar unos calcetines es mirado por no se sabe quién en pantallas instaladas no se sabe dónde. ¡Orwell tendría suficiente material para escribir una ficción de horror!
(Aquí, por el contrario, será siempre más reconocido escribir temas de amor para Los Nocheros. Hasta es posible que lo nombren a uno cónsul honorario del lirismo salteño)
En Salta las cosas parecen encaminadas para que unos pocos tomen decisiones con buena y abundante información, y para que la mayoría –en especial en época de elecciones -lo haga sólo a merced de la propaganda. Así nos va.
¿Qué otra remedio tiene semejante concentración de datos en pocas manos que la de abrir canales para que los habitantes de Salta puedan acceder a más y mejor información y decidir en mejores condiciones, aunque sea a la hora de votar? ¿No significaría esto un paso adelante de la democracia que los gobernantes dicen respetar? ¿No ha dicho un politólogo, cuyo nombre no me acuerdo, que luchar por la democracia es luchar por abolir el secreto?
Ahora bien, pídale usted al señor ministro de Finanzas o al señor Secretario General de la Gobernación el sólo dato de cuánto ha cobrado Plumada por mes en 2007 o en 2009. (Las facturas del 2008 ya se conocen, meses después del pedido hecho por la Legislatura y carta documento mediante de una diputada).
Invoque todos los principios que hombres y mujeres supieron darse para garantizarse el acceso a la información y evitar someterse a un Gran Hermano: cíteles el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, recíteles los artículos 1, 14 y 75 de la Constitución Nacional, léales el artículo 61 de la Constitución Provincial, y muéstreles, por si no se convencen, el decreto provincial 1574.
Diríjase a ellos con el título de doctor que les gusta ostentar. Apele a sus sentidos valores democráticos y republicanos. No se olvide de destacar, por supuesto, sus hondos conocimientos del derecho y de las leyes.
Y, si quiere, alábele también el color de la corbata. Ni así obtendrá una respuesta. Con el ninguneo de rigor los funcionarios intentarán confirmarlo en ese destino tan poco democrático de ser conocido, pero no poder conocer. Y querrán convertirlo, de una vez por todas, sólo en un dato almacenado en una computadora.
jueves, 30 de julio de 2009
jueves, 16 de julio de 2009
Basta con los secretos de Estado
Pego abajo un parte de prensa que envié distintos medios sobre un pedido de información que presenté al gobierno provincial sobre archivos públicos y que no obtuvo respuesta alguna. ¿Porqué acostumbrarnos a que nuestros gobiernos manejen los asuntos públicos como secreto de Estado?
El gobierno no responde pedidos
de información sobre archivos
El gobierno provincial no ha dado respuesta alguna a un pedido de información realizado en mayo de este año acerca de los pagos realizados durante los ejercicios fiscales 2007 y 2008 a Plumada, la empresa privada que desde 2006 guarda y digitaliza los archivos públicos de la Provincia.
Las solicitudes fueron elevadas el 8 de mayo pasado por un particular, Andrés Gauffin, al ministro de Finanzas de la Provincia de Salta, con copia a la Secretaría General de la Gobernación. Pese a que ya transcurrieron más de cuarenta días hábiles, ningún funcionario dio una respuesta.
La guarda de los archivos en Plumada se rige por el decreto 1583 -dictado por Juan Carlos Romero y no objetado por la gestión de Juan Manuel Urtubey-, que establece entre otros puntos que la empresa cobra por cada caja guardada en sus depósito ubicados en el acceso a Salta, y que en caso de pérdida de alguna de ellas, sólo está obligada a devolver hasta el límite máximo del valor kilo papel, más el importe de un año de guarda.
En coincidencia con lo que había hecho la gestión anterior, la actual administración también ha encomendado a la empresa Plumada la digitalización de archivos, como el de las historias clínicas de pacientes de hospitales públicos.
El pedido de información elevado el 8 mayo pasado por Gauffin requiere copia de la documentación respaldatoria de los pagos mensuales y/o anuales realizados por la Provincia a la empresa Plumada durante los ejercicios 2007 y 2008 (órdenes de pago, facturas, recibos, remitos, etc.) y el total de las erogaciones por servicios de esa empresa durante dicho año. Tampoco tuvo respuesta un pedido similar elevado en agosto del año pasado.
La solicitud invocó el decreto 1574/02 dictado por la gestión de Romero, que establece en el primer artículo de su Anexo que “toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Central, Descentralizada, de Entes Autárquicos, Empresas, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria”.
A los efectos de su aplicación, el decreto considera como información “cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales si las hubiere”.
De acuerdo a la norma, las solicitudes deben ser satisfechas antes de los treinta días hábiles, que sólo pueden prorrogarse en forma excepcional y con comunicación expresa antes del plazo previsto.
La negativa a responder a los pedidos de información significa no sólo un notorio incumplimiento del decreto, sino también un grave desprecio por el principio de publicidad de los actos de gobierno de un sistema republicano, establecido por los artículos 1, 14 y 75 de la Constitución Nacional y el 61 de la Constitución Provincial.
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”, dice, además, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en Argentina tiene jerarquía constitucional.
El tratamiento de los asuntos públicos como un secreto se agrava cuando lo que un gobierno oculta es nada menos que la documentación que revela su relación con la empresa que guarda sus archivos. ¿Qué transparencia puede esperarse entonces con respecto al tratamiento de la documentación encomendada a esa firma?
Salta, 16 de julio de 2009
El gobierno no responde pedidos
de información sobre archivos
El gobierno provincial no ha dado respuesta alguna a un pedido de información realizado en mayo de este año acerca de los pagos realizados durante los ejercicios fiscales 2007 y 2008 a Plumada, la empresa privada que desde 2006 guarda y digitaliza los archivos públicos de la Provincia.
Las solicitudes fueron elevadas el 8 de mayo pasado por un particular, Andrés Gauffin, al ministro de Finanzas de la Provincia de Salta, con copia a la Secretaría General de la Gobernación. Pese a que ya transcurrieron más de cuarenta días hábiles, ningún funcionario dio una respuesta.
La guarda de los archivos en Plumada se rige por el decreto 1583 -dictado por Juan Carlos Romero y no objetado por la gestión de Juan Manuel Urtubey-, que establece entre otros puntos que la empresa cobra por cada caja guardada en sus depósito ubicados en el acceso a Salta, y que en caso de pérdida de alguna de ellas, sólo está obligada a devolver hasta el límite máximo del valor kilo papel, más el importe de un año de guarda.
En coincidencia con lo que había hecho la gestión anterior, la actual administración también ha encomendado a la empresa Plumada la digitalización de archivos, como el de las historias clínicas de pacientes de hospitales públicos.
El pedido de información elevado el 8 mayo pasado por Gauffin requiere copia de la documentación respaldatoria de los pagos mensuales y/o anuales realizados por la Provincia a la empresa Plumada durante los ejercicios 2007 y 2008 (órdenes de pago, facturas, recibos, remitos, etc.) y el total de las erogaciones por servicios de esa empresa durante dicho año. Tampoco tuvo respuesta un pedido similar elevado en agosto del año pasado.
La solicitud invocó el decreto 1574/02 dictado por la gestión de Romero, que establece en el primer artículo de su Anexo que “toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Central, Descentralizada, de Entes Autárquicos, Empresas, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria”.
A los efectos de su aplicación, el decreto considera como información “cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales si las hubiere”.
De acuerdo a la norma, las solicitudes deben ser satisfechas antes de los treinta días hábiles, que sólo pueden prorrogarse en forma excepcional y con comunicación expresa antes del plazo previsto.
La negativa a responder a los pedidos de información significa no sólo un notorio incumplimiento del decreto, sino también un grave desprecio por el principio de publicidad de los actos de gobierno de un sistema republicano, establecido por los artículos 1, 14 y 75 de la Constitución Nacional y el 61 de la Constitución Provincial.
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”, dice, además, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en Argentina tiene jerarquía constitucional.
El tratamiento de los asuntos públicos como un secreto se agrava cuando lo que un gobierno oculta es nada menos que la documentación que revela su relación con la empresa que guarda sus archivos. ¿Qué transparencia puede esperarse entonces con respecto al tratamiento de la documentación encomendada a esa firma?
Salta, 16 de julio de 2009
domingo, 5 de julio de 2009
Teocracia débil
Conocidos los resultados electorales del 28 de junio en Salta, no debería sorprender a nadie que los próximos candidatos peronistas a cualquier cosa decidan disfrazarse de gauchos para hacer campaña, apelen a cada momento a la identidad salteña y a la lealtad, invoquen a Dios como su guía inmediato y propongan una milicia infantil desde los cuatro años.
Y quieran cerrar la campaña convocando a la procesión del Señor y la Virgen del Milagro el 15 de setiembre y a una posterior rifa de bicicletas, motos y auto cero kilómetro en la plaza 9 de Julio, no bien ingresen las imágenes a la catedral.
Una foto del candidato en la procesión con la multitud a sus espaldas podría incluirse en la volanteada anterior al domingo de las elecciones.
Vacíos de ideas y mensajes políticos, la clase política predominante en Salta se ha lanzado a la caza de los símbolos religiosos e identitarios para utilizarlos en su provecho, y lo hace cada vez con más descaro, como el gobernador Juan Manuel Urtubey o el diputado nacional electo Alfredo Olmedo, cuyo único referente es Dios.
Hay una primera consecuencia natural: en el horizonte mental de esta clase política sólo hay lugar para lo que los salteños “son”, no para lo que desean, ni mucho para lo que pretenden hacer. A los salteños, repiten en distintas versiones, les basta con ser leales a sí mismos y estar orgullosos de lo que son.
No debe sorprender entonces el paternalismo que exhuman las frases, las poses y las actitudes de esa clase política, que pretende convertirse en una especie de guardiana protectora de la identidad salteña, de “lo nuestro” que dicen defender.
No les basta, sin embargo, con usar y abusar de los símbolos durante las campañas. La misma estrategia debe ser utilizada una vez que ejercen sus mandatos, pues la legitimidad democrática de los votos no les parece suficiente.
Así, desde hace unos catorce años los gobernadores se creen obligados a revalidar su autoridad en la misma fuente de las tradiciones que ellos mismos instauraron o se ocupan de incrementar.
De este modo, el gobernador es elegido en las elecciones, pero solamente es investido de poder cuando el 7 de junio se reviste de gaucho en la cabalgata a la Cañada de la Horqueta y cuando unos meses más tarde asiste, piadoso, a la procesión del Señor y la Virgen del Milagro.
Pero no bastaron esos ritos al joven gobernador de hoy, quien si algún cambio persigue respecto de su antecesor Juan Carlos Romero, es el de mostrarse aún más católico y más tradicionalista.
No ha dudado, por tanto, en vestirse de gaucho y montar dos cuadras a caballo en el desfile del 17 de Junio pasado, con lo que hizo aún más pública y sacramental su “investidura”. Pocas dudas caben sobre lo que piensa o lo que pretende comunicar, cuando además no se ruboriza por decir que “conduce el destino” de la provincia, como en su momento Güemes.
Ningún otro gobernador, además, había alardeado tanto en sus discursos públicos de su devoción por los patronos salteños. “Me considero bendecido por el Señor y la Virgen del Milagro por tener la oportunidad de volcar mi vocación en lo que hago”, dijo hace poco tiempo en un lanzamiento de becas estudiantiles.
Poco falta entonces, o nada, para que un Olmedo, o un Urtubey, concluyan en su íntima conciencia de que si ejercen como diputado o gobernador es porque el mismo Dios lo ha dispuesto, no porque le hayan prestado sus votos unos ciudadanos a los que deben rendir cuenta de lo que han hecho.
Si como dice el Diccionario de Política de Bobbio, la teocracia es una ordenación política en la que el poder es ejercido en nombre de una autoridad divina, por hombres que se declaran representantes suyos en la tierra (o bendecidos, da lo mismo), salteños y salteñas, ¡bienvenidos a la teocracia débil!
No son, sin embargo, los no católicos salteños los únicos que deberían preocuparse por “el cambio”. El gaucho que no necesita un 17 de junio para ponerse un sombrero y unas alpargatas porque le hacen falta todos los días, el peregrino que camina noches y días para honrar a su Señor el 15 de setiembre, ¿acaso no podrían, con todo derecho, escandalizarse por la manipulación de sus símbolos por alguien que con ello sólo pretende ganar, conservar o acrecentar su poder?
Aunque muchas definiciones se han dado sobre la laicidad, es obvio que su construcción es una tarea pendiente de la sociedad salteña, si es que quiere mejorar la calidad de su democracia, objetivo que evidentemente está muy lejos de su clase política tradicional.
El politólogo libanés Georges Corm ha dicho al respecto. “La laicidad es una doctrina que protege al individuo de la dictadura del conformismo y de las presiones psicológicas que pueden ejercer sobre él los notables y dirigentes de su comunidad religiosa o étnica; es además una doctrina destinada a preservar la integridad de la religión y de los valores espirituales, resguardándolos de las manipulaciones de los políticos en la competición por el poder”.
Cuanto hace falta que esas ideas arraiguen y se extiendan alguna vez en Salta.
Y quieran cerrar la campaña convocando a la procesión del Señor y la Virgen del Milagro el 15 de setiembre y a una posterior rifa de bicicletas, motos y auto cero kilómetro en la plaza 9 de Julio, no bien ingresen las imágenes a la catedral.
Una foto del candidato en la procesión con la multitud a sus espaldas podría incluirse en la volanteada anterior al domingo de las elecciones.
Vacíos de ideas y mensajes políticos, la clase política predominante en Salta se ha lanzado a la caza de los símbolos religiosos e identitarios para utilizarlos en su provecho, y lo hace cada vez con más descaro, como el gobernador Juan Manuel Urtubey o el diputado nacional electo Alfredo Olmedo, cuyo único referente es Dios.
Hay una primera consecuencia natural: en el horizonte mental de esta clase política sólo hay lugar para lo que los salteños “son”, no para lo que desean, ni mucho para lo que pretenden hacer. A los salteños, repiten en distintas versiones, les basta con ser leales a sí mismos y estar orgullosos de lo que son.
No debe sorprender entonces el paternalismo que exhuman las frases, las poses y las actitudes de esa clase política, que pretende convertirse en una especie de guardiana protectora de la identidad salteña, de “lo nuestro” que dicen defender.
No les basta, sin embargo, con usar y abusar de los símbolos durante las campañas. La misma estrategia debe ser utilizada una vez que ejercen sus mandatos, pues la legitimidad democrática de los votos no les parece suficiente.
Así, desde hace unos catorce años los gobernadores se creen obligados a revalidar su autoridad en la misma fuente de las tradiciones que ellos mismos instauraron o se ocupan de incrementar.
De este modo, el gobernador es elegido en las elecciones, pero solamente es investido de poder cuando el 7 de junio se reviste de gaucho en la cabalgata a la Cañada de la Horqueta y cuando unos meses más tarde asiste, piadoso, a la procesión del Señor y la Virgen del Milagro.
Pero no bastaron esos ritos al joven gobernador de hoy, quien si algún cambio persigue respecto de su antecesor Juan Carlos Romero, es el de mostrarse aún más católico y más tradicionalista.
No ha dudado, por tanto, en vestirse de gaucho y montar dos cuadras a caballo en el desfile del 17 de Junio pasado, con lo que hizo aún más pública y sacramental su “investidura”. Pocas dudas caben sobre lo que piensa o lo que pretende comunicar, cuando además no se ruboriza por decir que “conduce el destino” de la provincia, como en su momento Güemes.
Ningún otro gobernador, además, había alardeado tanto en sus discursos públicos de su devoción por los patronos salteños. “Me considero bendecido por el Señor y la Virgen del Milagro por tener la oportunidad de volcar mi vocación en lo que hago”, dijo hace poco tiempo en un lanzamiento de becas estudiantiles.
Poco falta entonces, o nada, para que un Olmedo, o un Urtubey, concluyan en su íntima conciencia de que si ejercen como diputado o gobernador es porque el mismo Dios lo ha dispuesto, no porque le hayan prestado sus votos unos ciudadanos a los que deben rendir cuenta de lo que han hecho.
Si como dice el Diccionario de Política de Bobbio, la teocracia es una ordenación política en la que el poder es ejercido en nombre de una autoridad divina, por hombres que se declaran representantes suyos en la tierra (o bendecidos, da lo mismo), salteños y salteñas, ¡bienvenidos a la teocracia débil!
No son, sin embargo, los no católicos salteños los únicos que deberían preocuparse por “el cambio”. El gaucho que no necesita un 17 de junio para ponerse un sombrero y unas alpargatas porque le hacen falta todos los días, el peregrino que camina noches y días para honrar a su Señor el 15 de setiembre, ¿acaso no podrían, con todo derecho, escandalizarse por la manipulación de sus símbolos por alguien que con ello sólo pretende ganar, conservar o acrecentar su poder?
Aunque muchas definiciones se han dado sobre la laicidad, es obvio que su construcción es una tarea pendiente de la sociedad salteña, si es que quiere mejorar la calidad de su democracia, objetivo que evidentemente está muy lejos de su clase política tradicional.
El politólogo libanés Georges Corm ha dicho al respecto. “La laicidad es una doctrina que protege al individuo de la dictadura del conformismo y de las presiones psicológicas que pueden ejercer sobre él los notables y dirigentes de su comunidad religiosa o étnica; es además una doctrina destinada a preservar la integridad de la religión y de los valores espirituales, resguardándolos de las manipulaciones de los políticos en la competición por el poder”.
Cuanto hace falta que esas ideas arraiguen y se extiendan alguna vez en Salta.
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