En vez Araujo, Marcelo

Ahora que el antiguo relator de los goles secuestrados está relatando los actuales goles liberados –Marcelo Araujo- me viene un pensamiento: La televisión pública es como la muerte, de repente hace a las personas más buenas. A Grondona –que era un cómplice de los secuestradores pero vio con claridad que era más beneficioso convertirse en víctima inocente- también. La Argentina es un país de mutantes. O donde nada está donde parece estar, ni ser lo que parece. Que los goles sean gratuitos, ¿garantiza que el fútbol haya dejado de ser un vil negocio? Se me ocurre en este momento una asociación improcedente. Que en la cima del cerro de la Virgen no se cobre un centavo para caer desmayado a los pies de la vidente, ¿asegura que las apariciones sean un fenómeno exclusivamente religioso, no afectado por el despreciable lucro de empresas inmobiliarias y turísticas? Para mí que la gratuidad, como la virginidad, hace mucho ha dejado de ser sinónimo de pureza. Si de verdad se asume que el Estado ha de hacerse cargo del entretenimiento de sus súbditos, no sólo debió proclamar la gratuidad de los goles: también debió prohibir la publicidad en los partidos. Pero nunca lo hará, porque tiene que recuperar los 600 millones anuales que dará al antiguo cómplice. El fútbol es un negocio redituable, lo han repetido los funcionarios y repetidores, asumiendo el discurso de sus opositores preocupados por el déficit. Pero ahora el negocio lo hace el Estado, que compra goles y vende avisos, como lo hacían los antiguos secuestradores. El gobierno lo hizo: terminó con los negociantes del fútbol haciendo asumir al Estado su identidad. Mató al monopolio, apropiándose de sus prácticas. Terminó con los relatos del secuestrador Araujo, contratando a Marcelo.

El gobierno guarda en secreto una resolución sobre Plumada

El gobierno de Juan Manuel Urtubey guarda en secreto bajo siete llaves los términos de una modificación del contrato de la provincia con Plumada aprobada por el gobernador Juan Carlos Romero en diciembre de 2007, diez días antes de concluir su gobierno. El ministerio de Finanzas y Obras Públicas de la Provincia, a cargo de Carlos Parodi, se niega a entregar la resolución en la que se detallan las condiciones con las que la empresa estaría prestando servicios desde esa fecha.
“Mire, el ministro está haciendo un curso y no ha tenido tiempo de ver el expediente. Vuelva el lunes”. Una empleada de la asesoría jurídica contesta de esa manera luego de dos solicitudes verbales y una por escrito para obtener copia de la resolución 686/7 firmada por el entonces ministro de Hacienda, Javier David.
Tampoco el gobierno de Romero hizo esfuerzo alguno para publicitar los términos de la resolución, ratificada por el decreto 3489 del 30 de noviembre de 2007. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial del 12 de diciembre de 2007, pero no la resolución.
Los considerandos del decreto, sin embargo, señalan que por la resolución 686/7 “se aprueba la adenda al contrato original suscripta entre la Secretaría de Infraestructura Urbana y financiamiento internacional y la empresa Plumada S.A. con relación al contrato para la prestación de servicio de Archivo, Digitalización, Custodia y Logística de Documentos del Poder Ejecutivo Provincial”.
También se menciona que “de común acuerdo las partes deciden prorrogar y modificar los términos del contrato original” entre Plumada y la Provincia de Salta, que se había aprobado el 1 de junio de 2006 mediante el decreto 1583.
Pese al sistema republicano de la Argentina, y al artículo 61 de la Constitución Provincial que establece que la administración pública se rige por el principio de la publicidad de sus normas y actos, se desconocen aún los que nuevas condiciones otorgó Romero a Plumada.
El contrato de 2006 por el que la provincia otorgó a Plumada S. A. la guarda de los archivos de la Provincia no estipula claramente una duración y establece, entre otras disposiciones, que si la empresa pierde una caja con documentación sólo se responsabilizará “exclusivamente y hasta el límite máximo del valor kilo papel, excluyendo otro valor que pudiera tener, más un monto equivalente al valor de 1 año de guarda de una caja” (unos treinta pesos).
En enero de 2008 el gobernador Juan Manuel Urtubey se quejó de los precios que debía pagar la provincia por la guarda de archivos , -“vale más barato enviarlos a Miami”, dijo-, pero evitó referirse a la modificación del contrato que Romero le había dejado en herencia y cuyo decreto había sido publicado dos días después del recambio de gobierno.
El 3489, sin embargo, no fue el único decreto sobre Plumada que el gobierno de Romero promulgó antes de su partida. Con la misma fecha, pero con la firma del senador Mashur Lapad a cargo del Ejecutivo, el decreto 3559 dispuso ratificar una resolución –la 5663- del Ministerio de Educación. El decreto fue publicado en el boletín del 13 de diciembre de 2007, pero el gobierno tampoco publicó la resolución.
El decreto y la resolución encomendaron a Plumada S. A la realización del servicio de Digitalización del patrimonio bibliográfico y documental que se encuentra en el Complejo de Bibliotecas y Archivo de la Provincia.
Una semana antes de entregar el Ejecutivo, Romero pagó a Plumada un adelanto de más de tres millones de pesos por esos servicios de digitalización. El año pasado, el entonces director de la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN) , Emilio Rodríguez Tuñón, recomendó la anulación de esa operatoria por “violatoria de normativas de contratación de la provincia”, según declaró a Nuevo Diario, aunque luego su informe nunca se oficializó ni el gobierno dio a conocer qué pasos siguió respecto de esos adelantos.
A pedido de la diputada Virginia Cornejo la auditoría general de la Provincia investiga desde hace meses la operatoria de la digitalización, aunque se desconoce si ha incorporado en su investigación los términos de la modificación del contrato marco con Plumada dispuesta por Romero en los últimos días de su gestión.