En vez Araujo, Marcelo

Ahora que el antiguo relator de los goles secuestrados está relatando los actuales goles liberados –Marcelo Araujo- me viene un pensamiento: La televisión pública es como la muerte, de repente hace a las personas más buenas. A Grondona –que era un cómplice de los secuestradores pero vio con claridad que era más beneficioso convertirse en víctima inocente- también. La Argentina es un país de mutantes. O donde nada está donde parece estar, ni ser lo que parece. Que los goles sean gratuitos, ¿garantiza que el fútbol haya dejado de ser un vil negocio? Se me ocurre en este momento una asociación improcedente. Que en la cima del cerro de la Virgen no se cobre un centavo para caer desmayado a los pies de la vidente, ¿asegura que las apariciones sean un fenómeno exclusivamente religioso, no afectado por el despreciable lucro de empresas inmobiliarias y turísticas? Para mí que la gratuidad, como la virginidad, hace mucho ha dejado de ser sinónimo de pureza. Si de verdad se asume que el Estado ha de hacerse cargo del entretenimiento de sus súbditos, no sólo debió proclamar la gratuidad de los goles: también debió prohibir la publicidad en los partidos. Pero nunca lo hará, porque tiene que recuperar los 600 millones anuales que dará al antiguo cómplice. El fútbol es un negocio redituable, lo han repetido los funcionarios y repetidores, asumiendo el discurso de sus opositores preocupados por el déficit. Pero ahora el negocio lo hace el Estado, que compra goles y vende avisos, como lo hacían los antiguos secuestradores. El gobierno lo hizo: terminó con los negociantes del fútbol haciendo asumir al Estado su identidad. Mató al monopolio, apropiándose de sus prácticas. Terminó con los relatos del secuestrador Araujo, contratando a Marcelo.

El gobierno guarda en secreto una resolución sobre Plumada

El gobierno de Juan Manuel Urtubey guarda en secreto bajo siete llaves los términos de una modificación del contrato de la provincia con Plumada aprobada por el gobernador Juan Carlos Romero en diciembre de 2007, diez días antes de concluir su gobierno. El ministerio de Finanzas y Obras Públicas de la Provincia, a cargo de Carlos Parodi, se niega a entregar la resolución en la que se detallan las condiciones con las que la empresa estaría prestando servicios desde esa fecha.
“Mire, el ministro está haciendo un curso y no ha tenido tiempo de ver el expediente. Vuelva el lunes”. Una empleada de la asesoría jurídica contesta de esa manera luego de dos solicitudes verbales y una por escrito para obtener copia de la resolución 686/7 firmada por el entonces ministro de Hacienda, Javier David.
Tampoco el gobierno de Romero hizo esfuerzo alguno para publicitar los términos de la resolución, ratificada por el decreto 3489 del 30 de noviembre de 2007. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial del 12 de diciembre de 2007, pero no la resolución.
Los considerandos del decreto, sin embargo, señalan que por la resolución 686/7 “se aprueba la adenda al contrato original suscripta entre la Secretaría de Infraestructura Urbana y financiamiento internacional y la empresa Plumada S.A. con relación al contrato para la prestación de servicio de Archivo, Digitalización, Custodia y Logística de Documentos del Poder Ejecutivo Provincial”.
También se menciona que “de común acuerdo las partes deciden prorrogar y modificar los términos del contrato original” entre Plumada y la Provincia de Salta, que se había aprobado el 1 de junio de 2006 mediante el decreto 1583.
Pese al sistema republicano de la Argentina, y al artículo 61 de la Constitución Provincial que establece que la administración pública se rige por el principio de la publicidad de sus normas y actos, se desconocen aún los que nuevas condiciones otorgó Romero a Plumada.
El contrato de 2006 por el que la provincia otorgó a Plumada S. A. la guarda de los archivos de la Provincia no estipula claramente una duración y establece, entre otras disposiciones, que si la empresa pierde una caja con documentación sólo se responsabilizará “exclusivamente y hasta el límite máximo del valor kilo papel, excluyendo otro valor que pudiera tener, más un monto equivalente al valor de 1 año de guarda de una caja” (unos treinta pesos).
En enero de 2008 el gobernador Juan Manuel Urtubey se quejó de los precios que debía pagar la provincia por la guarda de archivos , -“vale más barato enviarlos a Miami”, dijo-, pero evitó referirse a la modificación del contrato que Romero le había dejado en herencia y cuyo decreto había sido publicado dos días después del recambio de gobierno.
El 3489, sin embargo, no fue el único decreto sobre Plumada que el gobierno de Romero promulgó antes de su partida. Con la misma fecha, pero con la firma del senador Mashur Lapad a cargo del Ejecutivo, el decreto 3559 dispuso ratificar una resolución –la 5663- del Ministerio de Educación. El decreto fue publicado en el boletín del 13 de diciembre de 2007, pero el gobierno tampoco publicó la resolución.
El decreto y la resolución encomendaron a Plumada S. A la realización del servicio de Digitalización del patrimonio bibliográfico y documental que se encuentra en el Complejo de Bibliotecas y Archivo de la Provincia.
Una semana antes de entregar el Ejecutivo, Romero pagó a Plumada un adelanto de más de tres millones de pesos por esos servicios de digitalización. El año pasado, el entonces director de la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN) , Emilio Rodríguez Tuñón, recomendó la anulación de esa operatoria por “violatoria de normativas de contratación de la provincia”, según declaró a Nuevo Diario, aunque luego su informe nunca se oficializó ni el gobierno dio a conocer qué pasos siguió respecto de esos adelantos.
A pedido de la diputada Virginia Cornejo la auditoría general de la Provincia investiga desde hace meses la operatoria de la digitalización, aunque se desconoce si ha incorporado en su investigación los términos de la modificación del contrato marco con Plumada dispuesta por Romero en los últimos días de su gestión.

La provincia de los grandes hermanos

Ellos no pueden saber qué hace él, pero él sí sabe qué hacen ellos. Ellos no lo pueden ver, pero él sí los ve. ¿Puede haber una relación más desigual?
Con esas características George Orwell describía el poder del “Gran Hermano” en la novela “1984”.
Escrita para denunciar los horrores del stalinismo, hoy no hace falta toparse con un campo de concentración para darse cuenta que esa clave del poder imaginada por el escritor británico puede servir para interpretar lo que ocurre en Salta, donde sus habitantes tienen cada vez más dificultades para acceder a información sobre lo que les atañe, mientras uno pocos acumulan mayor cantidad de información sobre ellos.
Obtener datos que otros desconocen, aprovecharlos al máximo posible: tal parece ser el medio y el fin de la clase empresarial y política de Salta. El año de 1995 puede ser tomado como el comienzo de la aplicación de esas estrategias y objetivos, sobre todo si se leen las crónicas de El Tribuno sobre la privatización del antiguo Banco Provincial de Salta.
El 7 de noviembre de 1995, a horas del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, el diario del gobernador electo Juan Carlos Romero, informaba, por primera vez y en letra chiquita, que el nuevo propietario iba a ser el único agente financiero de la provincia por diez años.
Sólo después de esa modificación –que no toma de sorpresa a Jorge Brito, dueño del Macro- el diario comienza a mencionar a ese banco como posible comprador. El 9 de noviembre, cuando informa de la apertura del sobre número uno, el titular del diario lo decía todo: “Sólo al Macro le interesa el BPS”.
Era una verdad a medias. Lo que le interesaba al Macro no era un banco quebrado por créditos dados a los amigos del poder, sino la fabulosa posibilidad que se le concedía: la de manejar no sólo el dinero de la provincia por diez años –y ya van…-, sino también la de atesorar y usar la enorme cantidad de información que venía con ella.
Estremece un poco imaginarlo. ¿Cuánto sabe el Macro de todos los salteños que trabajan en el Estado provincial o en las municipalidades y por tanto cobran sus sueldos en el Macro?¿ De sus ahorros o de sus rojos, de sus gastos? ¿Pero también de los impuestos que pagan o no pagan todos los salteños y, por tanto, de lo que tienen o no tienen? ¿Cuánto sabe, además, del origen y del destino del dinero público? Dos cliks y la información aparece en la pantalla a disposición del manager. Que más que manager es un avivado
Ahora bien, ¿cuánto pueden saber los salteños del Macro? ¿Cuánto dinero ha embolsado por actuar como agente financiero de la provincia? ¿Cuánto ha obtenido con los créditos subsidiados que el gobierno de Urtubey le sigue concediendo? Y tantas preguntas más. Pero al salteño de a pie le será más fácil conocer el nombre de la siguiente novia de Berlusconi.
Diez años después, en 2006, el gobierno de Romero entrega archivos públicos de la provincia a una empresa que hasta pocos meses antes se dedicaba al comercio de golosinas y el transporte de gaseosas.
Imagine cualquiera la cantidad de información que la Policía ha acumulado sobre los salteños y piense que el cincuenta por ciento de la documentación guardada en los galpones de Plumada del acceso a Salta–y en buena parte digitalizada- ha sido enviada por la misma Policía. Añada el sistema de cámaras que un actual juez de Corte instaló en el centro y con las que cualquier mortal que va a comprar unos calcetines es mirado por no se sabe quién en pantallas instaladas no se sabe dónde. ¡Orwell tendría suficiente material para escribir una ficción de horror!
(Aquí, por el contrario, será siempre más reconocido escribir temas de amor para Los Nocheros. Hasta es posible que lo nombren a uno cónsul honorario del lirismo salteño)
En Salta las cosas parecen encaminadas para que unos pocos tomen decisiones con buena y abundante información, y para que la mayoría –en especial en época de elecciones -lo haga sólo a merced de la propaganda. Así nos va.
¿Qué otra remedio tiene semejante concentración de datos en pocas manos que la de abrir canales para que los habitantes de Salta puedan acceder a más y mejor información y decidir en mejores condiciones, aunque sea a la hora de votar? ¿No significaría esto un paso adelante de la democracia que los gobernantes dicen respetar? ¿No ha dicho un politólogo, cuyo nombre no me acuerdo, que luchar por la democracia es luchar por abolir el secreto?
Ahora bien, pídale usted al señor ministro de Finanzas o al señor Secretario General de la Gobernación el sólo dato de cuánto ha cobrado Plumada por mes en 2007 o en 2009. (Las facturas del 2008 ya se conocen, meses después del pedido hecho por la Legislatura y carta documento mediante de una diputada).
Invoque todos los principios que hombres y mujeres supieron darse para garantizarse el acceso a la información y evitar someterse a un Gran Hermano: cíteles el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, recíteles los artículos 1, 14 y 75 de la Constitución Nacional, léales el artículo 61 de la Constitución Provincial, y muéstreles, por si no se convencen, el decreto provincial 1574.
Diríjase a ellos con el título de doctor que les gusta ostentar. Apele a sus sentidos valores democráticos y republicanos. No se olvide de destacar, por supuesto, sus hondos conocimientos del derecho y de las leyes.
Y, si quiere, alábele también el color de la corbata. Ni así obtendrá una respuesta. Con el ninguneo de rigor los funcionarios intentarán confirmarlo en ese destino tan poco democrático de ser conocido, pero no poder conocer. Y querrán convertirlo, de una vez por todas, sólo en un dato almacenado en una computadora.

Basta con los secretos de Estado

Pego abajo un parte de prensa que envié distintos medios sobre un pedido de información que presenté al gobierno provincial sobre archivos públicos y que no obtuvo respuesta alguna. ¿Porqué acostumbrarnos a que nuestros gobiernos manejen los asuntos públicos como secreto de Estado?


El gobierno no responde pedidos
de información sobre archivos

El gobierno provincial no ha dado respuesta alguna a un pedido de información realizado en mayo de este año acerca de los pagos realizados durante los ejercicios fiscales 2007 y 2008 a Plumada, la empresa privada que desde 2006 guarda y digitaliza los archivos públicos de la Provincia.
Las solicitudes fueron elevadas el 8 de mayo pasado por un particular, Andrés Gauffin, al ministro de Finanzas de la Provincia de Salta, con copia a la Secretaría General de la Gobernación. Pese a que ya transcurrieron más de cuarenta días hábiles, ningún funcionario dio una respuesta.
La guarda de los archivos en Plumada se rige por el decreto 1583 -dictado por Juan Carlos Romero y no objetado por la gestión de Juan Manuel Urtubey-, que establece entre otros puntos que la empresa cobra por cada caja guardada en sus depósito ubicados en el acceso a Salta, y que en caso de pérdida de alguna de ellas, sólo está obligada a devolver hasta el límite máximo del valor kilo papel, más el importe de un año de guarda.
En coincidencia con lo que había hecho la gestión anterior, la actual administración también ha encomendado a la empresa Plumada la digitalización de archivos, como el de las historias clínicas de pacientes de hospitales públicos.
El pedido de información elevado el 8 mayo pasado por Gauffin requiere copia de la documentación respaldatoria de los pagos mensuales y/o anuales realizados por la Provincia a la empresa Plumada durante los ejercicios 2007 y 2008 (órdenes de pago, facturas, recibos, remitos, etc.) y el total de las erogaciones por servicios de esa empresa durante dicho año. Tampoco tuvo respuesta un pedido similar elevado en agosto del año pasado.
La solicitud invocó el decreto 1574/02 dictado por la gestión de Romero, que establece en el primer artículo de su Anexo que “toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Central, Descentralizada, de Entes Autárquicos, Empresas, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria”.
A los efectos de su aplicación, el decreto considera como información “cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales si las hubiere”.
De acuerdo a la norma, las solicitudes deben ser satisfechas antes de los treinta días hábiles, que sólo pueden prorrogarse en forma excepcional y con comunicación expresa antes del plazo previsto.
La negativa a responder a los pedidos de información significa no sólo un notorio incumplimiento del decreto, sino también un grave desprecio por el principio de publicidad de los actos de gobierno de un sistema republicano, establecido por los artículos 1, 14 y 75 de la Constitución Nacional y el 61 de la Constitución Provincial.
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”, dice, además, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en Argentina tiene jerarquía constitucional.
El tratamiento de los asuntos públicos como un secreto se agrava cuando lo que un gobierno oculta es nada menos que la documentación que revela su relación con la empresa que guarda sus archivos. ¿Qué transparencia puede esperarse entonces con respecto al tratamiento de la documentación encomendada a esa firma?

Salta, 16 de julio de 2009

Teocracia débil

Conocidos los resultados electorales del 28 de junio en Salta, no debería sorprender a nadie que los próximos candidatos peronistas a cualquier cosa decidan disfrazarse de gauchos para hacer campaña, apelen a cada momento a la identidad salteña y a la lealtad, invoquen a Dios como su guía inmediato y propongan una milicia infantil desde los cuatro años.
Y quieran cerrar la campaña convocando a la procesión del Señor y la Virgen del Milagro el 15 de setiembre y a una posterior rifa de bicicletas, motos y auto cero kilómetro en la plaza 9 de Julio, no bien ingresen las imágenes a la catedral.
Una foto del candidato en la procesión con la multitud a sus espaldas podría incluirse en la volanteada anterior al domingo de las elecciones.
Vacíos de ideas y mensajes políticos, la clase política predominante en Salta se ha lanzado a la caza de los símbolos religiosos e identitarios para utilizarlos en su provecho, y lo hace cada vez con más descaro, como el gobernador Juan Manuel Urtubey o el diputado nacional electo Alfredo Olmedo, cuyo único referente es Dios.
Hay una primera consecuencia natural: en el horizonte mental de esta clase política sólo hay lugar para lo que los salteños “son”, no para lo que desean, ni mucho para lo que pretenden hacer. A los salteños, repiten en distintas versiones, les basta con ser leales a sí mismos y estar orgullosos de lo que son.
No debe sorprender entonces el paternalismo que exhuman las frases, las poses y las actitudes de esa clase política, que pretende convertirse en una especie de guardiana protectora de la identidad salteña, de “lo nuestro” que dicen defender.
No les basta, sin embargo, con usar y abusar de los símbolos durante las campañas. La misma estrategia debe ser utilizada una vez que ejercen sus mandatos, pues la legitimidad democrática de los votos no les parece suficiente.
Así, desde hace unos catorce años los gobernadores se creen obligados a revalidar su autoridad en la misma fuente de las tradiciones que ellos mismos instauraron o se ocupan de incrementar.
De este modo, el gobernador es elegido en las elecciones, pero solamente es investido de poder cuando el 7 de junio se reviste de gaucho en la cabalgata a la Cañada de la Horqueta y cuando unos meses más tarde asiste, piadoso, a la procesión del Señor y la Virgen del Milagro.
Pero no bastaron esos ritos al joven gobernador de hoy, quien si algún cambio persigue respecto de su antecesor Juan Carlos Romero, es el de mostrarse aún más católico y más tradicionalista.
No ha dudado, por tanto, en vestirse de gaucho y montar dos cuadras a caballo en el desfile del 17 de Junio pasado, con lo que hizo aún más pública y sacramental su “investidura”. Pocas dudas caben sobre lo que piensa o lo que pretende comunicar, cuando además no se ruboriza por decir que “conduce el destino” de la provincia, como en su momento Güemes.
Ningún otro gobernador, además, había alardeado tanto en sus discursos públicos de su devoción por los patronos salteños. “Me considero bendecido por el Señor y la Virgen del Milagro por tener la oportunidad de volcar mi vocación en lo que hago”, dijo hace poco tiempo en un lanzamiento de becas estudiantiles.
Poco falta entonces, o nada, para que un Olmedo, o un Urtubey, concluyan en su íntima conciencia de que si ejercen como diputado o gobernador es porque el mismo Dios lo ha dispuesto, no porque le hayan prestado sus votos unos ciudadanos a los que deben rendir cuenta de lo que han hecho.
Si como dice el Diccionario de Política de Bobbio, la teocracia es una ordenación política en la que el poder es ejercido en nombre de una autoridad divina, por hombres que se declaran representantes suyos en la tierra (o bendecidos, da lo mismo), salteños y salteñas, ¡bienvenidos a la teocracia débil!
No son, sin embargo, los no católicos salteños los únicos que deberían preocuparse por “el cambio”. El gaucho que no necesita un 17 de junio para ponerse un sombrero y unas alpargatas porque le hacen falta todos los días, el peregrino que camina noches y días para honrar a su Señor el 15 de setiembre, ¿acaso no podrían, con todo derecho, escandalizarse por la manipulación de sus símbolos por alguien que con ello sólo pretende ganar, conservar o acrecentar su poder?
Aunque muchas definiciones se han dado sobre la laicidad, es obvio que su construcción es una tarea pendiente de la sociedad salteña, si es que quiere mejorar la calidad de su democracia, objetivo que evidentemente está muy lejos de su clase política tradicional.
El politólogo libanés Georges Corm ha dicho al respecto. “La laicidad es una doctrina que protege al individuo de la dictadura del conformismo y de las presiones psicológicas que pueden ejercer sobre él los notables y dirigentes de su comunidad religiosa o étnica; es además una doctrina destinada a preservar la integridad de la religión y de los valores espirituales, resguardándolos de las manipulaciones de los políticos en la competición por el poder”.
Cuanto hace falta que esas ideas arraiguen y se extiendan alguna vez en Salta.

Los fantasmas del miedo

Unas veces pueden hacerte pensar; otras, te dejan la cara mustia o te mueven a risa. Pero hay algunas que se aprovechan de tu miedo o te lo producen. Como los hombres, y como diría cualquier andaluz, hay campañas pa´ to´.
Los afiches y volantes de un candidato a diputado nacional cuyo único referente es Dios –tal como no ha tenido empacho en declarar - aparecieron el domingo pasado desparramados en el frente de mi casa.
“El pueblo es el soberano y Dios es el camino”, dice allí el candidato frente a una multitud a la que, seguro, aquella noche le importaba un corno su extraña teología política y deseaba que de una buena vez se rifase el auto 0Km que el marketing electoral había prometido.
Si se confirma que El mismo en persona señaló a Olmedo con su dedo sería la primera vez que Dios se haya metido tan de lleno en una campaña política en Salta. Hasta el momento se sabía que el Espíritu Santo inspiraba a los cardenales para elegir el Papa, no que designaba y dirigía personalmente a los candidatos a diputados nacionales.
Pero aunque ningún instituto teológico ni de Ciencias Sagradas local haya puesto en duda que Dios se comporte como un Urtubey o un Kirchner poniendo o sacando nombres en la boleta, bastaría una antigua cita para pensar lo contrario: “Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
Lo que en una interpretación más o menos libre podría significar hoy: dejen de meter a Dios en las campañas, no intenten convertirse en sus representantes. Cuando llegan las elecciones, la democracia necesita candidatos humanos y bien humanos, no enviados divinos.
Pues ya es peligroso que un político –como también lo ha hecho nuestro candidato- se convenza de que representa a la patria y haga de la bandera el símbolo de su partido, enviando de paso al infierno de los apátridas a sus contrincantes y a quienes no lo voten. Pero ¿qué se puede esperar si además se convence de que actúa elegido por y en nombre de Dios?
Toda la mezquindad y la pobreza del discurso político salteño parece haberse resumido en las consignas de Alfredo Olmedo: a falta de ideas y proyectos, planearon sus estrategas, veamos cuáles son los miedos de los salteños –no sus deseos- y nos presentemos como su conjuro.
Así, frente a los temores que producen la incertidumbre económica, los conflictos sociales y políticos, la corrupción y la droga, nada puede ser tan emotivamente atractivo como la invocación a la patria y a la familia, que poco y nada anticipa sobre las leyes que promoverá en el Congreso, aunque deje bien en claro que para él todos los problemas se resuelven apelando a la autoridad de un general o de un padre de familia.
Dios, patria y hogar: el de Olmedo es un viejo mensaje ultraconservador que, aunque en mangas de camisa y con gorra, desconfía de la democracia para resolver los conflictos, desprecia la política como lugar de negociación y aborrece los espacios laicos.
Hasta qué punto está dispuesto a explotar esa sensación de caos y desorden en los argentinos puede verse en su llamado a volver al servicio militar obligatorio, aunque con el adjetivo de comunitario. Para Olmedo no es más ciudadanía, y mucho menos más libertad, lo que puede poner algún remedio a la crisis: es, por el contrario, una voz de mando, es la obediencia, y es tomar el país como un campo de batalla.
Hace falta, se decía hace unas décadas, que alguien venga a poner orden en la Argentina. Ahora que, a caballo del cansancio de la democracia, comienza a escucharse de nuevo la misma cantinela, Olmedo se ofrece para hacerlo.
No debe extrañar que tal propuesta restauradora haya prendido en Salta, donde desde hace años una extraña virgen venida del cielo envía mensajes apocalípticos a los atribulados argentinos.
Inteligentísimos, los funcionarios de Turismo se alegran de que la Virgen del Cerro garantice un buen porcentaje de ocupación hotelera durante los fines de semana de todo el año. Pero la visión maniquea del mundo que contagian sus mensajes, la continua invocación en la cima del cerro a San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, y la disciplina moral que se promueve entre los devotos, alguna vez tendrían su correlato político.
Sólo hace falta ver los resultados del 28 de junio para saber hasta qué punto los salteños hemos sucumbido al miedo y a sus fantasmas.

Día del periodista

¡Hagamos la libertad de expresión en público! (y el amor en privado).
Tal podría ser una convocatoria para la celebración el día del periodista en Salta, donde la mayoría de sus habitantes tienen sus propias ideas y sus valoraciones, pero raramente quieren -o pueden- exponerla allí donde muchos la escuchen.
Porque un entramado de relaciones pueblerinas no deja de desalentar la exposición en plaza pública de lo que cada uno piensa. Aquí nos conocemos todos y vaya a saber qué pariente o que conocido se me puede enojar si digo a voz en cuello mis verdades.
Y ni qué decir el funcionario provincial, condenado –mientras dure el decreto que lo designó- no sólo a decir nada, sino a pensar nada: callar y obedecer es la orden silenciosa que, como en cascada, desciende desde el vértice de las jerarquías.
A lo que se agrega un sutil e intricado sistemas de lealtades: la supervivencia impone no pocas veces el cuidado de ese valor tan tradicional de los salteños, grabado a fuego en el escudo y sobre el que los candidatos machacan cada campaña, a falta de discursos más decorosos.
A tono, el arbitrario y discrecional sistema de publicidad oficial parece pensado para que medios y periodistas calibren la exposición de sus opiniones por el grado de disgusto –o peor, de satisfacción-, que puede causar en quien reparte el queso, que en estos ambientes se llama pauta. Así, la virtud de la lealtad se expande a golpes de chequera, o de transferencias electrónicas al cajero de cada cual.
Por otro lado, ¿hasta qué punto el tan cacareado orgullo salteño y ese prejuicio, tan atractivo como atávico, de que todos somos una familia, tienen como correlato el desaliento del ejercicio de la libertad de expresión, en especial cuando alguien se atreve a criticar “lo nuestro”?
Es bien distinta la sociedad que postula quien se atreve a llevar sus ideas desde la seguridad del estrecho círculo de sus parientes o amigos que ya lo ha aceptado como es, o desde su pequeña tribu en el que siempre encontrará la confirmación de sus dogmas, hasta la plaza pública e incierta.
Alguno habrá –es cierto- que lo haga sólo para jactarse de sus opiniones, y otros sólo cuando están seguros que sus frasecitas sacadas de algún libro de moda no le reportarán riesgos. O sólo cuando calcule que repetirlas le reportará algún beneficio.
Pero otros lo harán incuso afrontando riesgos. A la mujer o al hombre que no dimite de exponer sus opiniones, aunque cuando el clima le sea adverso, incluso cuando peligre la acreditación de fin de mes en el cajero: a esos hay que rendirles homenajes. No a los que alaban la libertad de expresión, sino a los que se atreven a ejercerla a la vista y oído de todos.
Mucho mejor si están convencidos que sus verdades sólo son significativas si las dialogan, si las exponen a consideración de aquellos con quienes comparte suerte, condición o destino humano, aunque no los conozca. Estarán construyendo así una sociedad razonable, que también suele llamarse democrática.
Razonable, ha dicho un filósofo cuyo nombre olvidé, no es precisamente alguien que se mueve por la razón: es quien sabe que sus opiniones son falibles y que por tanto, las da a probar a los otros.
Para ello hace falta que las ideas salgan de la comodidad de las cuatro paredes en las que solemos encerrarlas. No hay hombres ni mujeres libres si sólo cuchichean por lo bajo sus ideas, sus valores y sus proyectos.
Por eso, no se hace la libertad de expresión en el mismo ambiente que el amor. Pero si se acierta a cultivarla, su práctica puede resultar tan creativa y humanizadora como el lenguaje que pueden decirse, en la intimidad, dos cuerpos que se aman.