“En Argentina no hay pelotudo que no tenga un blog. Y ponelo en negrita. A la mayoría de los que escriben blog un buen jefe de redacción le metería una patada en el culo y los echaría por la pésima prosa que tienen…” José Pablo Feinmann
La buena prosa del autor de “Ni el tiro del final” ha logrado que el jefe de redacción de Página 12 no le pegue una patada en el culo. De hecho, sigue publicando allí sus columnas con regularidad, como la del 27 de setiembre pasado, titulada “Conferencia en el Libertador”.
Conferencia que él mismo había dado por disposición de la ministra de Defensa, Nilda Garré, y que obedeció un general. (Lo bien que hizo, que para obedecer al poder civil están).
Feinmann repite allí que ha llegado en taxi, tipo de mención que es muy habitual en él. En su libro “Filosofía y Nación” cuenta que mientras iba en colectivo soñó con fundar una filosofía argentina. Así que ahora, recién bajado del taxi, hay que ver qué se propone. Por lo pronto, la columna es un alarde de su bella prosa, una inacabable repetición de frasecitas.
““Subimos la gran escalinata, entramos y estoy ahora en un hall imponente. Son los grandes espacios del poder. Uno tiene que sentirse pequeño en ellos. Conmigo lo consiguen. Toda esa imponencia me puede”.
Aunque ha sido el poder de un gobierno nacional el que ha querido que Feinmann diera su conferencia en el Libertador, Feinmann escoge representarse como un pequeñito, casi como una víctima del poder. “¿Qué hago aquí? Nunca pensé entrar aquí. Y ahora estoy tan optimista que hasta creo que también voy a salir.” Y hasta sus amigos, cuenta en su columna, le sugieren un poco en broma y un poco en serio que lo podrían haber dejado adentro.
Da un poco de pena y de risa un filósofo que para no sentirse culpable de estar tan ligado al poder, pretende mostrase como su potencial víctima.
Pero este hombre también tiene la valentía de enfrentarse a sus propios prejuicios. En el ascensor, se pregunta de dónde había sacado que los militares no pueden ser buenos. Claro que sí pueden ser buenos, deja traslucir después, aunque no tanto por la sonrisa del general que luego tiene en frente, sino porque el militar ha leído muchos de sus libros.
“Además, profesor, usted es un referente de nuestra cultura y queremos oír lo que tenga para decirnos”. Imposible mayor demostración de bondad. Imposible también, indicación más certera de las referencias culturales indispensables para los que buscan ascender hoy en la carrera militar.
La frase, sin embargo, encierra más sentidos: frente a Feinmann, el general ha dejado de ser un militar que actúa por obediencia, para convertirse el representante de un “nosotros” que , tras deliberarlo, han decidido convocar al filósofo. No está de más: el columnista de Página 12 no quiere ser confundido con alguien que adoctrina a unos militares que lo a escuchan por obediencia.
Frente a ellos, hablará durante hora y cuarenta y cinco minutos.
Les pide que se circunscriban a la defensa del territorio nacional, y es imposible no preguntarse si no piensa de sí mismo que es el filósofo garante de la doctrina nacional.
Les da su singular versión de Sarmiento, a quien valora con el extraño recurso de hacerle decir lo que no dijo. En efecto, para Feinmann, Sarmiento estaba enamorado de Facundo Quiroga: su única prueba es que no escribió sobre Paz, ni sobre Moreno, sino sobre el caudillo que enarbolaba el lema “Religión o Muerte”. Así convierte al autor del Facundo en un juguete de la astucia de la historia o de la razón: muy ilustrado él, no se dio cuenta que al escribir estaba enalteciendo al bárbaro que parecía condenar.
También tiene tiempo para extenderse sobre una idea a la que dedicó horas de estudio: que el capitalismo es un sistema cuyo axioma esencial es la desigualdad y que el socialismo fracasó. No hace falta mucha hermenéutica para inferir que el columnista de Página 12 fue a inculcar a los oficiales del Ejército que los argentinos estamos condenados –no al éxito como decía Duhalde- sino a la tercera posición. Esto es, al peronismo.
Feinmann deja su más bella prosa para el final. Invoca el sueño de un país “para todos, en el que todos trabajen dignamente, coman, se vistan, aprendan. Un país en el que los niños estudien y no se desmayen por hambre en las aulas”.
Y remata, esperando el aplauso: “Nadie sabe si es posible. Pero debemos saber que es necesario”.
Habrá que investigar qué regímenes apoyaron los filósofos que pretendieron descubrir las necesidades históricas. En el caso de Feinmann, ya sabemos de su admiración por los gobiernos autoritarios que “hicieron algo por los pobres”.
Allá él con sus autores alemanes, a los que no cita sólo para seguir fungiendo de filósofo nacional. Por mi parte, pienso justamente al revés: que es posible un país en el que los niños estudien y no se desmayen por hambre en las aulas. Y que todos tenemos la obligación de saber que ninguna fatalidad, ninguna necesidad, ni régimen alguno, lo garantiza.
Concluyo. ¿Puede haber algo más peligroso que un filósofo oficial que hable de necesidades históricas a los militares?
martes 6 de octubre de 2009
domingo 20 de septiembre de 2009
Sigan participando
Ya se podía decir, con un poquito de exageración, que las elecciones son una lotería: dada la vaguedad general de los discursos de campaña, nadie puede predecir con qué saldrá el candidato en caso de ser elegido.
Pero desde este año lo de lotería no es una metáfora: es una estrategia establecida entre algunos candidatos. En junio, un ahora diputado nacional electo rifó un auto para llenar el Delmi; luego se hizo propaganda con una foto hablándole a la multitud, que no había ido a escucharlo hablar de moral, familia y servicio militar obligatorio, sino a ver si el acaso le deparaba un auto.
El Frente Salteño ha tomado debida nota de la eficacia democrática de los sorteos. En la sede de España y 20 de Febrero un hombre reparte entusiasmado los boletas de sus candidatos con un billete adentro, un billete para participar del sorteo de unas computadoras.
“Participando ganamos todos” dice la primera frase: ya no se sabe si está hablando de democracia o de una timba con premios consuelo. Luego, invita a responder una pregunta cultural para tener chances: ¿Quién es el primer candidato a diputado provincial?
Y por último el elector – jugador debe asentar nombre, apellido, teléfono y correo (¡no en la boleta, claro, sino en el cupón del sorteo!). Curioso y además predictivo: los candidatos brindan nombre, foto y currículum, nada de dirección ni de teléfono: en caso de quejas, sírvase dirigirse a Magoya.
Ahora pídale usted una plataforma. Sólo le darán un volante con algunas frases auto acusatorias. “Estamos cansados de políticos que no trabajan, de los que prometen mucho y después no cumplen, y de los que usan los dineros de los salteños para su propio beneficio”, dicen los candidatos que, sin ruborizarse, reconocen también que ejercieron durante años toda clase de cargos políticos.
En realidad lo que ya comienza a cansar, o debería, es el desfile de frases huecas cada dos años, ese vacío cada vez más notorio de quienes sólo apetecen obtener una banca, aprovechando las debilidades de una democracia que hasta les consiente convertirla en una timba.
O tal vez tengan razón y, con el objetivo de aumentar la concurrencia a las urnas, haya que profundizar las singulares innovaciones políticas que hemos inventado los salteños El presidente de mesa, por ejemplo, podría dar a cada votante un numerito, no bien deposita el sobre en la urna. A las 12 de la noche el candidato proclamado ganador sería el encargado de sortearlos y de entregar el 0 kilómetro, si el suertudo apareciera enseguida. Luego, mirando la pantalla con su sonrisa más falsa, exclamaría: ¡sigan participando!
Pero desde este año lo de lotería no es una metáfora: es una estrategia establecida entre algunos candidatos. En junio, un ahora diputado nacional electo rifó un auto para llenar el Delmi; luego se hizo propaganda con una foto hablándole a la multitud, que no había ido a escucharlo hablar de moral, familia y servicio militar obligatorio, sino a ver si el acaso le deparaba un auto.
El Frente Salteño ha tomado debida nota de la eficacia democrática de los sorteos. En la sede de España y 20 de Febrero un hombre reparte entusiasmado los boletas de sus candidatos con un billete adentro, un billete para participar del sorteo de unas computadoras.
“Participando ganamos todos” dice la primera frase: ya no se sabe si está hablando de democracia o de una timba con premios consuelo. Luego, invita a responder una pregunta cultural para tener chances: ¿Quién es el primer candidato a diputado provincial?
Y por último el elector – jugador debe asentar nombre, apellido, teléfono y correo (¡no en la boleta, claro, sino en el cupón del sorteo!). Curioso y además predictivo: los candidatos brindan nombre, foto y currículum, nada de dirección ni de teléfono: en caso de quejas, sírvase dirigirse a Magoya.
Ahora pídale usted una plataforma. Sólo le darán un volante con algunas frases auto acusatorias. “Estamos cansados de políticos que no trabajan, de los que prometen mucho y después no cumplen, y de los que usan los dineros de los salteños para su propio beneficio”, dicen los candidatos que, sin ruborizarse, reconocen también que ejercieron durante años toda clase de cargos políticos.
En realidad lo que ya comienza a cansar, o debería, es el desfile de frases huecas cada dos años, ese vacío cada vez más notorio de quienes sólo apetecen obtener una banca, aprovechando las debilidades de una democracia que hasta les consiente convertirla en una timba.
O tal vez tengan razón y, con el objetivo de aumentar la concurrencia a las urnas, haya que profundizar las singulares innovaciones políticas que hemos inventado los salteños El presidente de mesa, por ejemplo, podría dar a cada votante un numerito, no bien deposita el sobre en la urna. A las 12 de la noche el candidato proclamado ganador sería el encargado de sortearlos y de entregar el 0 kilómetro, si el suertudo apareciera enseguida. Luego, mirando la pantalla con su sonrisa más falsa, exclamaría: ¡sigan participando!
martes 1 de septiembre de 2009
Dos identidades
Hasta los años 70 Vaqueros era solo una parada para comprar sandías de aquellos que en verano iban a refrescarse al río Caldera o se aventuraban a Jujuy por la cornisa. Qué había a los costados de la ruta, a pocos interesaba: algunas hectáreas de tabaco con sus estufas de adobe, un puñado de huertas, ranchos, un par de salas viejas, y algún arroyo que bajaba de la serranía.
Cuarenta años después Vaqueros tiene, en ciertas zonas, más aspecto de barrio residencial que de paraje campestre, aunque por momentos el amante de la flanerie se encuentre con un derruido criadero de gallinas, o una estufa que ya no quema, vestigios de un pasado bucólico del que no queda memoria. Convertido en símbolo del utópico regreso a la naturaleza, hogaño abundan en el pueblo las casas quintas de geólogos, músicos, artistas de todo pelaje, periodistas, biólogos, antropólogos y también de mi peluquero.
La tradición urbana aún transmite que hace pocos años un grupo de familias fundó una comunidad inspirada en las enseñanzas del profeta anti occidental y anticapitalista Lanza del Vasto en la que todo se tenía en común. No obstante, actualmente cada residente de las casas quintas de Vaqueros tiene su propia cuatro por cuatro y su propia tarjeta de crédito, aunque a veces hacen causa común para vacacionar en las playas de Brasil.
Vaqueros, sin embargo, tiene otra, aunque efímera, identidad. El último domingo de agosto de cada año, ritualmente, agentes de tránsito cortan el puente y obligan a los automovilistas a cruzar el río por medio del cauce seco. Entonces desembarcan sobre la banquina de la ruta los feriantes. Van a hacer su agosto o, por lo menos, a terminar de pasar agosto. Uno ha comprado cuatro kilos de milanesa, dos de tomate y tres plantas de lechuga, y los ofrece en sandwich al viandante como un manjar exquisito. Otro rescata su viejo arco de hierro, lo adorna con una red y desafía a los chicos a derribar, con un tiro penal, cinco latas apiladas en forma de pirámide: el que acierta gana dos pesos. Tres mocosos y sus padres hacen fila y piensan que serán Palermo, ignorando que una vez el boquense erró tres penales contra Brasil. Al lado, una mujer ofrece en vano buñuelos recién cocidos en aceite, bajo un sol de 35 grados y con el aroma de la bosta de los caballos que acaban de pasar. Mientras, un gaucho recién estrenado y con piercing en la oreja lee, durante minutos, el sobre metálico y cerrado en vacío que un vendedor ofrece en su mesita: está escrito en chino o en japonés, vaya uno a saber, y ha de guardar algún polvo inefable para combatir las hemorroides, la artritis o la impotencia.
¿De dónde ha salido toda esta gente que va y viene sobre el asfalto en ebullición, que conversa, mastica, bebe, compra, vende, pasea, se divierte, y también se persigna al paso del santo de la espiga? Arriba, en la iglesia circular de los curas azules, San Cayetano – el patrono del pan y del trabajo- los mira y tal vez piense que sus devotos no pretenden volver a ningún pasado bucólico, ni sueñen con una utopía. Sólo quieren sobrevivir al día.
Cuarenta años después Vaqueros tiene, en ciertas zonas, más aspecto de barrio residencial que de paraje campestre, aunque por momentos el amante de la flanerie se encuentre con un derruido criadero de gallinas, o una estufa que ya no quema, vestigios de un pasado bucólico del que no queda memoria. Convertido en símbolo del utópico regreso a la naturaleza, hogaño abundan en el pueblo las casas quintas de geólogos, músicos, artistas de todo pelaje, periodistas, biólogos, antropólogos y también de mi peluquero.
La tradición urbana aún transmite que hace pocos años un grupo de familias fundó una comunidad inspirada en las enseñanzas del profeta anti occidental y anticapitalista Lanza del Vasto en la que todo se tenía en común. No obstante, actualmente cada residente de las casas quintas de Vaqueros tiene su propia cuatro por cuatro y su propia tarjeta de crédito, aunque a veces hacen causa común para vacacionar en las playas de Brasil.
Vaqueros, sin embargo, tiene otra, aunque efímera, identidad. El último domingo de agosto de cada año, ritualmente, agentes de tránsito cortan el puente y obligan a los automovilistas a cruzar el río por medio del cauce seco. Entonces desembarcan sobre la banquina de la ruta los feriantes. Van a hacer su agosto o, por lo menos, a terminar de pasar agosto. Uno ha comprado cuatro kilos de milanesa, dos de tomate y tres plantas de lechuga, y los ofrece en sandwich al viandante como un manjar exquisito. Otro rescata su viejo arco de hierro, lo adorna con una red y desafía a los chicos a derribar, con un tiro penal, cinco latas apiladas en forma de pirámide: el que acierta gana dos pesos. Tres mocosos y sus padres hacen fila y piensan que serán Palermo, ignorando que una vez el boquense erró tres penales contra Brasil. Al lado, una mujer ofrece en vano buñuelos recién cocidos en aceite, bajo un sol de 35 grados y con el aroma de la bosta de los caballos que acaban de pasar. Mientras, un gaucho recién estrenado y con piercing en la oreja lee, durante minutos, el sobre metálico y cerrado en vacío que un vendedor ofrece en su mesita: está escrito en chino o en japonés, vaya uno a saber, y ha de guardar algún polvo inefable para combatir las hemorroides, la artritis o la impotencia.
¿De dónde ha salido toda esta gente que va y viene sobre el asfalto en ebullición, que conversa, mastica, bebe, compra, vende, pasea, se divierte, y también se persigna al paso del santo de la espiga? Arriba, en la iglesia circular de los curas azules, San Cayetano – el patrono del pan y del trabajo- los mira y tal vez piense que sus devotos no pretenden volver a ningún pasado bucólico, ni sueñen con una utopía. Sólo quieren sobrevivir al día.
domingo 23 de agosto de 2009
En vez Araujo, Marcelo
Ahora que el antiguo relator de los goles secuestrados está relatando los actuales goles liberados –Marcelo Araujo- me viene un pensamiento: La televisión pública es como la muerte, de repente hace a las personas más buenas. A Grondona –que era un cómplice de los secuestradores pero vio con claridad que era más beneficioso convertirse en víctima inocente- también. La Argentina es un país de mutantes. O donde nada está donde parece estar, ni ser lo que parece. Que los goles sean gratuitos, ¿garantiza que el fútbol haya dejado de ser un vil negocio? Se me ocurre en este momento una asociación improcedente. Que en la cima del cerro de la Virgen no se cobre un centavo para caer desmayado a los pies de la vidente, ¿asegura que las apariciones sean un fenómeno exclusivamente religioso, no afectado por el despreciable lucro de empresas inmobiliarias y turísticas? Para mí que la gratuidad, como la virginidad, hace mucho ha dejado de ser sinónimo de pureza. Si de verdad se asume que el Estado ha de hacerse cargo del entretenimiento de sus súbditos, no sólo debió proclamar la gratuidad de los goles: también debió prohibir la publicidad en los partidos. Pero nunca lo hará, porque tiene que recuperar los 600 millones anuales que dará al antiguo cómplice. El fútbol es un negocio redituable, lo han repetido los funcionarios y repetidores, asumiendo el discurso de sus opositores preocupados por el déficit. Pero ahora el negocio lo hace el Estado, que compra goles y vende avisos, como lo hacían los antiguos secuestradores. El gobierno lo hizo: terminó con los negociantes del fútbol haciendo asumir al Estado su identidad. Mató al monopolio, apropiándose de sus prácticas. Terminó con los relatos del secuestrador Araujo, contratando a Marcelo.
lunes 10 de agosto de 2009
El gobierno guarda en secreto una resolución sobre Plumada
El gobierno de Juan Manuel Urtubey guarda en secreto bajo siete llaves los términos de una modificación del contrato de la provincia con Plumada aprobada por el gobernador Juan Carlos Romero en diciembre de 2007, diez días antes de concluir su gobierno. El ministerio de Finanzas y Obras Públicas de la Provincia, a cargo de Carlos Parodi, se niega a entregar la resolución en la que se detallan las condiciones con las que la empresa estaría prestando servicios desde esa fecha.
“Mire, el ministro está haciendo un curso y no ha tenido tiempo de ver el expediente. Vuelva el lunes”. Una empleada de la asesoría jurídica contesta de esa manera luego de dos solicitudes verbales y una por escrito para obtener copia de la resolución 686/7 firmada por el entonces ministro de Hacienda, Javier David.
Tampoco el gobierno de Romero hizo esfuerzo alguno para publicitar los términos de la resolución, ratificada por el decreto 3489 del 30 de noviembre de 2007. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial del 12 de diciembre de 2007, pero no la resolución.
Los considerandos del decreto, sin embargo, señalan que por la resolución 686/7 “se aprueba la adenda al contrato original suscripta entre la Secretaría de Infraestructura Urbana y financiamiento internacional y la empresa Plumada S.A. con relación al contrato para la prestación de servicio de Archivo, Digitalización, Custodia y Logística de Documentos del Poder Ejecutivo Provincial”.
También se menciona que “de común acuerdo las partes deciden prorrogar y modificar los términos del contrato original” entre Plumada y la Provincia de Salta, que se había aprobado el 1 de junio de 2006 mediante el decreto 1583.
Pese al sistema republicano de la Argentina, y al artículo 61 de la Constitución Provincial que establece que la administración pública se rige por el principio de la publicidad de sus normas y actos, se desconocen aún los que nuevas condiciones otorgó Romero a Plumada.
El contrato de 2006 por el que la provincia otorgó a Plumada S. A. la guarda de los archivos de la Provincia no estipula claramente una duración y establece, entre otras disposiciones, que si la empresa pierde una caja con documentación sólo se responsabilizará “exclusivamente y hasta el límite máximo del valor kilo papel, excluyendo otro valor que pudiera tener, más un monto equivalente al valor de 1 año de guarda de una caja” (unos treinta pesos).
En enero de 2008 el gobernador Juan Manuel Urtubey se quejó de los precios que debía pagar la provincia por la guarda de archivos , -“vale más barato enviarlos a Miami”, dijo-, pero evitó referirse a la modificación del contrato que Romero le había dejado en herencia y cuyo decreto había sido publicado dos días después del recambio de gobierno.
El 3489, sin embargo, no fue el único decreto sobre Plumada que el gobierno de Romero promulgó antes de su partida. Con la misma fecha, pero con la firma del senador Mashur Lapad a cargo del Ejecutivo, el decreto 3559 dispuso ratificar una resolución –la 5663- del Ministerio de Educación. El decreto fue publicado en el boletín del 13 de diciembre de 2007, pero el gobierno tampoco publicó la resolución.
El decreto y la resolución encomendaron a Plumada S. A la realización del servicio de Digitalización del patrimonio bibliográfico y documental que se encuentra en el Complejo de Bibliotecas y Archivo de la Provincia.
Una semana antes de entregar el Ejecutivo, Romero pagó a Plumada un adelanto de más de tres millones de pesos por esos servicios de digitalización. El año pasado, el entonces director de la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN) , Emilio Rodríguez Tuñón, recomendó la anulación de esa operatoria por “violatoria de normativas de contratación de la provincia”, según declaró a Nuevo Diario, aunque luego su informe nunca se oficializó ni el gobierno dio a conocer qué pasos siguió respecto de esos adelantos.
A pedido de la diputada Virginia Cornejo la auditoría general de la Provincia investiga desde hace meses la operatoria de la digitalización, aunque se desconoce si ha incorporado en su investigación los términos de la modificación del contrato marco con Plumada dispuesta por Romero en los últimos días de su gestión.
“Mire, el ministro está haciendo un curso y no ha tenido tiempo de ver el expediente. Vuelva el lunes”. Una empleada de la asesoría jurídica contesta de esa manera luego de dos solicitudes verbales y una por escrito para obtener copia de la resolución 686/7 firmada por el entonces ministro de Hacienda, Javier David.
Tampoco el gobierno de Romero hizo esfuerzo alguno para publicitar los términos de la resolución, ratificada por el decreto 3489 del 30 de noviembre de 2007. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial del 12 de diciembre de 2007, pero no la resolución.
Los considerandos del decreto, sin embargo, señalan que por la resolución 686/7 “se aprueba la adenda al contrato original suscripta entre la Secretaría de Infraestructura Urbana y financiamiento internacional y la empresa Plumada S.A. con relación al contrato para la prestación de servicio de Archivo, Digitalización, Custodia y Logística de Documentos del Poder Ejecutivo Provincial”.
También se menciona que “de común acuerdo las partes deciden prorrogar y modificar los términos del contrato original” entre Plumada y la Provincia de Salta, que se había aprobado el 1 de junio de 2006 mediante el decreto 1583.
Pese al sistema republicano de la Argentina, y al artículo 61 de la Constitución Provincial que establece que la administración pública se rige por el principio de la publicidad de sus normas y actos, se desconocen aún los que nuevas condiciones otorgó Romero a Plumada.
El contrato de 2006 por el que la provincia otorgó a Plumada S. A. la guarda de los archivos de la Provincia no estipula claramente una duración y establece, entre otras disposiciones, que si la empresa pierde una caja con documentación sólo se responsabilizará “exclusivamente y hasta el límite máximo del valor kilo papel, excluyendo otro valor que pudiera tener, más un monto equivalente al valor de 1 año de guarda de una caja” (unos treinta pesos).
En enero de 2008 el gobernador Juan Manuel Urtubey se quejó de los precios que debía pagar la provincia por la guarda de archivos , -“vale más barato enviarlos a Miami”, dijo-, pero evitó referirse a la modificación del contrato que Romero le había dejado en herencia y cuyo decreto había sido publicado dos días después del recambio de gobierno.
El 3489, sin embargo, no fue el único decreto sobre Plumada que el gobierno de Romero promulgó antes de su partida. Con la misma fecha, pero con la firma del senador Mashur Lapad a cargo del Ejecutivo, el decreto 3559 dispuso ratificar una resolución –la 5663- del Ministerio de Educación. El decreto fue publicado en el boletín del 13 de diciembre de 2007, pero el gobierno tampoco publicó la resolución.
El decreto y la resolución encomendaron a Plumada S. A la realización del servicio de Digitalización del patrimonio bibliográfico y documental que se encuentra en el Complejo de Bibliotecas y Archivo de la Provincia.
Una semana antes de entregar el Ejecutivo, Romero pagó a Plumada un adelanto de más de tres millones de pesos por esos servicios de digitalización. El año pasado, el entonces director de la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN) , Emilio Rodríguez Tuñón, recomendó la anulación de esa operatoria por “violatoria de normativas de contratación de la provincia”, según declaró a Nuevo Diario, aunque luego su informe nunca se oficializó ni el gobierno dio a conocer qué pasos siguió respecto de esos adelantos.
A pedido de la diputada Virginia Cornejo la auditoría general de la Provincia investiga desde hace meses la operatoria de la digitalización, aunque se desconoce si ha incorporado en su investigación los términos de la modificación del contrato marco con Plumada dispuesta por Romero en los últimos días de su gestión.
jueves 30 de julio de 2009
La provincia de los grandes hermanos
Ellos no pueden saber qué hace él, pero él sí sabe qué hacen ellos. Ellos no lo pueden ver, pero él sí los ve. ¿Puede haber una relación más desigual?
Con esas características George Orwell describía el poder del “Gran Hermano” en la novela “1984”.
Escrita para denunciar los horrores del stalinismo, hoy no hace falta toparse con un campo de concentración para darse cuenta que esa clave del poder imaginada por el escritor británico puede servir para interpretar lo que ocurre en Salta, donde sus habitantes tienen cada vez más dificultades para acceder a información sobre lo que les atañe, mientras uno pocos acumulan mayor cantidad de información sobre ellos.
Obtener datos que otros desconocen, aprovecharlos al máximo posible: tal parece ser el medio y el fin de la clase empresarial y política de Salta. El año de 1995 puede ser tomado como el comienzo de la aplicación de esas estrategias y objetivos, sobre todo si se leen las crónicas de El Tribuno sobre la privatización del antiguo Banco Provincial de Salta.
El 7 de noviembre de 1995, a horas del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, el diario del gobernador electo Juan Carlos Romero, informaba, por primera vez y en letra chiquita, que el nuevo propietario iba a ser el único agente financiero de la provincia por diez años.
Sólo después de esa modificación –que no toma de sorpresa a Jorge Brito, dueño del Macro- el diario comienza a mencionar a ese banco como posible comprador. El 9 de noviembre, cuando informa de la apertura del sobre número uno, el titular del diario lo decía todo: “Sólo al Macro le interesa el BPS”.
Era una verdad a medias. Lo que le interesaba al Macro no era un banco quebrado por créditos dados a los amigos del poder, sino la fabulosa posibilidad que se le concedía: la de manejar no sólo el dinero de la provincia por diez años –y ya van…-, sino también la de atesorar y usar la enorme cantidad de información que venía con ella.
Estremece un poco imaginarlo. ¿Cuánto sabe el Macro de todos los salteños que trabajan en el Estado provincial o en las municipalidades y por tanto cobran sus sueldos en el Macro?¿ De sus ahorros o de sus rojos, de sus gastos? ¿Pero también de los impuestos que pagan o no pagan todos los salteños y, por tanto, de lo que tienen o no tienen? ¿Cuánto sabe, además, del origen y del destino del dinero público? Dos cliks y la información aparece en la pantalla a disposición del manager. Que más que manager es un avivado
Ahora bien, ¿cuánto pueden saber los salteños del Macro? ¿Cuánto dinero ha embolsado por actuar como agente financiero de la provincia? ¿Cuánto ha obtenido con los créditos subsidiados que el gobierno de Urtubey le sigue concediendo? Y tantas preguntas más. Pero al salteño de a pie le será más fácil conocer el nombre de la siguiente novia de Berlusconi.
Diez años después, en 2006, el gobierno de Romero entrega archivos públicos de la provincia a una empresa que hasta pocos meses antes se dedicaba al comercio de golosinas y el transporte de gaseosas.
Imagine cualquiera la cantidad de información que la Policía ha acumulado sobre los salteños y piense que el cincuenta por ciento de la documentación guardada en los galpones de Plumada del acceso a Salta–y en buena parte digitalizada- ha sido enviada por la misma Policía. Añada el sistema de cámaras que un actual juez de Corte instaló en el centro y con las que cualquier mortal que va a comprar unos calcetines es mirado por no se sabe quién en pantallas instaladas no se sabe dónde. ¡Orwell tendría suficiente material para escribir una ficción de horror!
(Aquí, por el contrario, será siempre más reconocido escribir temas de amor para Los Nocheros. Hasta es posible que lo nombren a uno cónsul honorario del lirismo salteño)
En Salta las cosas parecen encaminadas para que unos pocos tomen decisiones con buena y abundante información, y para que la mayoría –en especial en época de elecciones -lo haga sólo a merced de la propaganda. Así nos va.
¿Qué otra remedio tiene semejante concentración de datos en pocas manos que la de abrir canales para que los habitantes de Salta puedan acceder a más y mejor información y decidir en mejores condiciones, aunque sea a la hora de votar? ¿No significaría esto un paso adelante de la democracia que los gobernantes dicen respetar? ¿No ha dicho un politólogo, cuyo nombre no me acuerdo, que luchar por la democracia es luchar por abolir el secreto?
Ahora bien, pídale usted al señor ministro de Finanzas o al señor Secretario General de la Gobernación el sólo dato de cuánto ha cobrado Plumada por mes en 2007 o en 2009. (Las facturas del 2008 ya se conocen, meses después del pedido hecho por la Legislatura y carta documento mediante de una diputada).
Invoque todos los principios que hombres y mujeres supieron darse para garantizarse el acceso a la información y evitar someterse a un Gran Hermano: cíteles el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, recíteles los artículos 1, 14 y 75 de la Constitución Nacional, léales el artículo 61 de la Constitución Provincial, y muéstreles, por si no se convencen, el decreto provincial 1574.
Diríjase a ellos con el título de doctor que les gusta ostentar. Apele a sus sentidos valores democráticos y republicanos. No se olvide de destacar, por supuesto, sus hondos conocimientos del derecho y de las leyes.
Y, si quiere, alábele también el color de la corbata. Ni así obtendrá una respuesta. Con el ninguneo de rigor los funcionarios intentarán confirmarlo en ese destino tan poco democrático de ser conocido, pero no poder conocer. Y querrán convertirlo, de una vez por todas, sólo en un dato almacenado en una computadora.
Con esas características George Orwell describía el poder del “Gran Hermano” en la novela “1984”.
Escrita para denunciar los horrores del stalinismo, hoy no hace falta toparse con un campo de concentración para darse cuenta que esa clave del poder imaginada por el escritor británico puede servir para interpretar lo que ocurre en Salta, donde sus habitantes tienen cada vez más dificultades para acceder a información sobre lo que les atañe, mientras uno pocos acumulan mayor cantidad de información sobre ellos.
Obtener datos que otros desconocen, aprovecharlos al máximo posible: tal parece ser el medio y el fin de la clase empresarial y política de Salta. El año de 1995 puede ser tomado como el comienzo de la aplicación de esas estrategias y objetivos, sobre todo si se leen las crónicas de El Tribuno sobre la privatización del antiguo Banco Provincial de Salta.
El 7 de noviembre de 1995, a horas del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, el diario del gobernador electo Juan Carlos Romero, informaba, por primera vez y en letra chiquita, que el nuevo propietario iba a ser el único agente financiero de la provincia por diez años.
Sólo después de esa modificación –que no toma de sorpresa a Jorge Brito, dueño del Macro- el diario comienza a mencionar a ese banco como posible comprador. El 9 de noviembre, cuando informa de la apertura del sobre número uno, el titular del diario lo decía todo: “Sólo al Macro le interesa el BPS”.
Era una verdad a medias. Lo que le interesaba al Macro no era un banco quebrado por créditos dados a los amigos del poder, sino la fabulosa posibilidad que se le concedía: la de manejar no sólo el dinero de la provincia por diez años –y ya van…-, sino también la de atesorar y usar la enorme cantidad de información que venía con ella.
Estremece un poco imaginarlo. ¿Cuánto sabe el Macro de todos los salteños que trabajan en el Estado provincial o en las municipalidades y por tanto cobran sus sueldos en el Macro?¿ De sus ahorros o de sus rojos, de sus gastos? ¿Pero también de los impuestos que pagan o no pagan todos los salteños y, por tanto, de lo que tienen o no tienen? ¿Cuánto sabe, además, del origen y del destino del dinero público? Dos cliks y la información aparece en la pantalla a disposición del manager. Que más que manager es un avivado
Ahora bien, ¿cuánto pueden saber los salteños del Macro? ¿Cuánto dinero ha embolsado por actuar como agente financiero de la provincia? ¿Cuánto ha obtenido con los créditos subsidiados que el gobierno de Urtubey le sigue concediendo? Y tantas preguntas más. Pero al salteño de a pie le será más fácil conocer el nombre de la siguiente novia de Berlusconi.
Diez años después, en 2006, el gobierno de Romero entrega archivos públicos de la provincia a una empresa que hasta pocos meses antes se dedicaba al comercio de golosinas y el transporte de gaseosas.
Imagine cualquiera la cantidad de información que la Policía ha acumulado sobre los salteños y piense que el cincuenta por ciento de la documentación guardada en los galpones de Plumada del acceso a Salta–y en buena parte digitalizada- ha sido enviada por la misma Policía. Añada el sistema de cámaras que un actual juez de Corte instaló en el centro y con las que cualquier mortal que va a comprar unos calcetines es mirado por no se sabe quién en pantallas instaladas no se sabe dónde. ¡Orwell tendría suficiente material para escribir una ficción de horror!
(Aquí, por el contrario, será siempre más reconocido escribir temas de amor para Los Nocheros. Hasta es posible que lo nombren a uno cónsul honorario del lirismo salteño)
En Salta las cosas parecen encaminadas para que unos pocos tomen decisiones con buena y abundante información, y para que la mayoría –en especial en época de elecciones -lo haga sólo a merced de la propaganda. Así nos va.
¿Qué otra remedio tiene semejante concentración de datos en pocas manos que la de abrir canales para que los habitantes de Salta puedan acceder a más y mejor información y decidir en mejores condiciones, aunque sea a la hora de votar? ¿No significaría esto un paso adelante de la democracia que los gobernantes dicen respetar? ¿No ha dicho un politólogo, cuyo nombre no me acuerdo, que luchar por la democracia es luchar por abolir el secreto?
Ahora bien, pídale usted al señor ministro de Finanzas o al señor Secretario General de la Gobernación el sólo dato de cuánto ha cobrado Plumada por mes en 2007 o en 2009. (Las facturas del 2008 ya se conocen, meses después del pedido hecho por la Legislatura y carta documento mediante de una diputada).
Invoque todos los principios que hombres y mujeres supieron darse para garantizarse el acceso a la información y evitar someterse a un Gran Hermano: cíteles el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, recíteles los artículos 1, 14 y 75 de la Constitución Nacional, léales el artículo 61 de la Constitución Provincial, y muéstreles, por si no se convencen, el decreto provincial 1574.
Diríjase a ellos con el título de doctor que les gusta ostentar. Apele a sus sentidos valores democráticos y republicanos. No se olvide de destacar, por supuesto, sus hondos conocimientos del derecho y de las leyes.
Y, si quiere, alábele también el color de la corbata. Ni así obtendrá una respuesta. Con el ninguneo de rigor los funcionarios intentarán confirmarlo en ese destino tan poco democrático de ser conocido, pero no poder conocer. Y querrán convertirlo, de una vez por todas, sólo en un dato almacenado en una computadora.
jueves 16 de julio de 2009
Basta con los secretos de Estado
Pego abajo un parte de prensa que envié distintos medios sobre un pedido de información que presenté al gobierno provincial sobre archivos públicos y que no obtuvo respuesta alguna. ¿Porqué acostumbrarnos a que nuestros gobiernos manejen los asuntos públicos como secreto de Estado?
El gobierno no responde pedidos
de información sobre archivos
El gobierno provincial no ha dado respuesta alguna a un pedido de información realizado en mayo de este año acerca de los pagos realizados durante los ejercicios fiscales 2007 y 2008 a Plumada, la empresa privada que desde 2006 guarda y digitaliza los archivos públicos de la Provincia.
Las solicitudes fueron elevadas el 8 de mayo pasado por un particular, Andrés Gauffin, al ministro de Finanzas de la Provincia de Salta, con copia a la Secretaría General de la Gobernación. Pese a que ya transcurrieron más de cuarenta días hábiles, ningún funcionario dio una respuesta.
La guarda de los archivos en Plumada se rige por el decreto 1583 -dictado por Juan Carlos Romero y no objetado por la gestión de Juan Manuel Urtubey-, que establece entre otros puntos que la empresa cobra por cada caja guardada en sus depósito ubicados en el acceso a Salta, y que en caso de pérdida de alguna de ellas, sólo está obligada a devolver hasta el límite máximo del valor kilo papel, más el importe de un año de guarda.
En coincidencia con lo que había hecho la gestión anterior, la actual administración también ha encomendado a la empresa Plumada la digitalización de archivos, como el de las historias clínicas de pacientes de hospitales públicos.
El pedido de información elevado el 8 mayo pasado por Gauffin requiere copia de la documentación respaldatoria de los pagos mensuales y/o anuales realizados por la Provincia a la empresa Plumada durante los ejercicios 2007 y 2008 (órdenes de pago, facturas, recibos, remitos, etc.) y el total de las erogaciones por servicios de esa empresa durante dicho año. Tampoco tuvo respuesta un pedido similar elevado en agosto del año pasado.
La solicitud invocó el decreto 1574/02 dictado por la gestión de Romero, que establece en el primer artículo de su Anexo que “toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Central, Descentralizada, de Entes Autárquicos, Empresas, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria”.
A los efectos de su aplicación, el decreto considera como información “cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales si las hubiere”.
De acuerdo a la norma, las solicitudes deben ser satisfechas antes de los treinta días hábiles, que sólo pueden prorrogarse en forma excepcional y con comunicación expresa antes del plazo previsto.
La negativa a responder a los pedidos de información significa no sólo un notorio incumplimiento del decreto, sino también un grave desprecio por el principio de publicidad de los actos de gobierno de un sistema republicano, establecido por los artículos 1, 14 y 75 de la Constitución Nacional y el 61 de la Constitución Provincial.
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”, dice, además, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en Argentina tiene jerarquía constitucional.
El tratamiento de los asuntos públicos como un secreto se agrava cuando lo que un gobierno oculta es nada menos que la documentación que revela su relación con la empresa que guarda sus archivos. ¿Qué transparencia puede esperarse entonces con respecto al tratamiento de la documentación encomendada a esa firma?
Salta, 16 de julio de 2009
El gobierno no responde pedidos
de información sobre archivos
El gobierno provincial no ha dado respuesta alguna a un pedido de información realizado en mayo de este año acerca de los pagos realizados durante los ejercicios fiscales 2007 y 2008 a Plumada, la empresa privada que desde 2006 guarda y digitaliza los archivos públicos de la Provincia.
Las solicitudes fueron elevadas el 8 de mayo pasado por un particular, Andrés Gauffin, al ministro de Finanzas de la Provincia de Salta, con copia a la Secretaría General de la Gobernación. Pese a que ya transcurrieron más de cuarenta días hábiles, ningún funcionario dio una respuesta.
La guarda de los archivos en Plumada se rige por el decreto 1583 -dictado por Juan Carlos Romero y no objetado por la gestión de Juan Manuel Urtubey-, que establece entre otros puntos que la empresa cobra por cada caja guardada en sus depósito ubicados en el acceso a Salta, y que en caso de pérdida de alguna de ellas, sólo está obligada a devolver hasta el límite máximo del valor kilo papel, más el importe de un año de guarda.
En coincidencia con lo que había hecho la gestión anterior, la actual administración también ha encomendado a la empresa Plumada la digitalización de archivos, como el de las historias clínicas de pacientes de hospitales públicos.
El pedido de información elevado el 8 mayo pasado por Gauffin requiere copia de la documentación respaldatoria de los pagos mensuales y/o anuales realizados por la Provincia a la empresa Plumada durante los ejercicios 2007 y 2008 (órdenes de pago, facturas, recibos, remitos, etc.) y el total de las erogaciones por servicios de esa empresa durante dicho año. Tampoco tuvo respuesta un pedido similar elevado en agosto del año pasado.
La solicitud invocó el decreto 1574/02 dictado por la gestión de Romero, que establece en el primer artículo de su Anexo que “toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Central, Descentralizada, de Entes Autárquicos, Empresas, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria”.
A los efectos de su aplicación, el decreto considera como información “cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales si las hubiere”.
De acuerdo a la norma, las solicitudes deben ser satisfechas antes de los treinta días hábiles, que sólo pueden prorrogarse en forma excepcional y con comunicación expresa antes del plazo previsto.
La negativa a responder a los pedidos de información significa no sólo un notorio incumplimiento del decreto, sino también un grave desprecio por el principio de publicidad de los actos de gobierno de un sistema republicano, establecido por los artículos 1, 14 y 75 de la Constitución Nacional y el 61 de la Constitución Provincial.
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”, dice, además, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en Argentina tiene jerarquía constitucional.
El tratamiento de los asuntos públicos como un secreto se agrava cuando lo que un gobierno oculta es nada menos que la documentación que revela su relación con la empresa que guarda sus archivos. ¿Qué transparencia puede esperarse entonces con respecto al tratamiento de la documentación encomendada a esa firma?
Salta, 16 de julio de 2009
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