Ellos no pueden saber qué hace él, pero él sí sabe qué hacen ellos. Ellos no lo pueden ver, pero él sí los ve. ¿Puede haber una relación más desigual?
Con esas características George Orwell describía el poder del “Gran Hermano” en la novela “1984”.
Escrita para denunciar los horrores del stalinismo, hoy no hace falta toparse con un campo de concentración para darse cuenta que esa clave del poder imaginada por el escritor británico puede servir para interpretar lo que ocurre en Salta, donde sus habitantes tienen cada vez más dificultades para acceder a información sobre lo que les atañe, mientras uno pocos acumulan mayor cantidad de información sobre ellos.
Obtener datos que otros desconocen, aprovecharlos al máximo posible: tal parece ser el medio y el fin de la clase empresarial y política de Salta. El año de 1995 puede ser tomado como el comienzo de la aplicación de esas estrategias y objetivos, sobre todo si se leen las crónicas de El Tribuno sobre la privatización del antiguo Banco Provincial de Salta.
El 7 de noviembre de 1995, a horas del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, el diario del gobernador electo Juan Carlos Romero, informaba, por primera vez y en letra chiquita, que el nuevo propietario iba a ser el único agente financiero de la provincia por diez años.
Sólo después de esa modificación –que no toma de sorpresa a Jorge Brito, dueño del Macro- el diario comienza a mencionar a ese banco como posible comprador. El 9 de noviembre, cuando informa de la apertura del sobre número uno, el titular del diario lo decía todo: “Sólo al Macro le interesa el BPS”.
Era una verdad a medias. Lo que le interesaba al Macro no era un banco quebrado por créditos dados a los amigos del poder, sino la fabulosa posibilidad que se le concedía: la de manejar no sólo el dinero de la provincia por diez años –y ya van…-, sino también la de atesorar y usar la enorme cantidad de información que venía con ella.
Estremece un poco imaginarlo. ¿Cuánto sabe el Macro de todos los salteños que trabajan en el Estado provincial o en las municipalidades y por tanto cobran sus sueldos en el Macro?¿ De sus ahorros o de sus rojos, de sus gastos? ¿Pero también de los impuestos que pagan o no pagan todos los salteños y, por tanto, de lo que tienen o no tienen? ¿Cuánto sabe, además, del origen y del destino del dinero público? Dos cliks y la información aparece en la pantalla a disposición del manager. Que más que manager es un avivado
Ahora bien, ¿cuánto pueden saber los salteños del Macro? ¿Cuánto dinero ha embolsado por actuar como agente financiero de la provincia? ¿Cuánto ha obtenido con los créditos subsidiados que el gobierno de Urtubey le sigue concediendo? Y tantas preguntas más. Pero al salteño de a pie le será más fácil conocer el nombre de la siguiente novia de Berlusconi.
Diez años después, en 2006, el gobierno de Romero entrega archivos públicos de la provincia a una empresa que hasta pocos meses antes se dedicaba al comercio de golosinas y el transporte de gaseosas.
Imagine cualquiera la cantidad de información que la Policía ha acumulado sobre los salteños y piense que el cincuenta por ciento de la documentación guardada en los galpones de Plumada del acceso a Salta–y en buena parte digitalizada- ha sido enviada por la misma Policía. Añada el sistema de cámaras que un actual juez de Corte instaló en el centro y con las que cualquier mortal que va a comprar unos calcetines es mirado por no se sabe quién en pantallas instaladas no se sabe dónde. ¡Orwell tendría suficiente material para escribir una ficción de horror!
(Aquí, por el contrario, será siempre más reconocido escribir temas de amor para Los Nocheros. Hasta es posible que lo nombren a uno cónsul honorario del lirismo salteño)
En Salta las cosas parecen encaminadas para que unos pocos tomen decisiones con buena y abundante información, y para que la mayoría –en especial en época de elecciones -lo haga sólo a merced de la propaganda. Así nos va.
¿Qué otra remedio tiene semejante concentración de datos en pocas manos que la de abrir canales para que los habitantes de Salta puedan acceder a más y mejor información y decidir en mejores condiciones, aunque sea a la hora de votar? ¿No significaría esto un paso adelante de la democracia que los gobernantes dicen respetar? ¿No ha dicho un politólogo, cuyo nombre no me acuerdo, que luchar por la democracia es luchar por abolir el secreto?
Ahora bien, pídale usted al señor ministro de Finanzas o al señor Secretario General de la Gobernación el sólo dato de cuánto ha cobrado Plumada por mes en 2007 o en 2009. (Las facturas del 2008 ya se conocen, meses después del pedido hecho por la Legislatura y carta documento mediante de una diputada).
Invoque todos los principios que hombres y mujeres supieron darse para garantizarse el acceso a la información y evitar someterse a un Gran Hermano: cíteles el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, recíteles los artículos 1, 14 y 75 de la Constitución Nacional, léales el artículo 61 de la Constitución Provincial, y muéstreles, por si no se convencen, el decreto provincial 1574.
Diríjase a ellos con el título de doctor que les gusta ostentar. Apele a sus sentidos valores democráticos y republicanos. No se olvide de destacar, por supuesto, sus hondos conocimientos del derecho y de las leyes.
Y, si quiere, alábele también el color de la corbata. Ni así obtendrá una respuesta. Con el ninguneo de rigor los funcionarios intentarán confirmarlo en ese destino tan poco democrático de ser conocido, pero no poder conocer. Y querrán convertirlo, de una vez por todas, sólo en un dato almacenado en una computadora.
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