El escándalo por la publicidad de Fernando Yarade en los colectivos de SAETA sólo es una muestra más de la arbitrariedad y la desfachatez con la que el justicialismo local maneja el dinero de sus campañas, incluyendo la de Juan Carlos Romero en 2007.
Pero para el gobierno provincial el mayor pecado del presidente de SAETA fue la de dejar en evidencia una de las tantas tretas con que sus conductores de campaña acaparan el espacio público y haber dado una pista de lo que puede gastar un candidato oficialista para imponer su imagen.
Si, tal como dijo la gerente de la empresa que manejaba la publicidad de los colectivos, el propio presidente de SAETA le había contratado publicidad para Yarade por 50.000 pesos sólo para las lunetas de los colectivos, ¿cuánto dinero gastará finalmente en su campaña?
A echarle pluma. ¿Cuánto le costarán hasta el 28 de junio los carteles iluminados para decir que defenderán lo de ellos, las pintadas en las paredes, los minutos contratados de la radio, los alquileres de las unidades básicas abiertas de un día para el otro, los espacios de Canal 11 para mostrar su álbum familiar de fotos, los periodistas –perdón por usar el término- pagos, los acólitos, los viajes, los colectivos, los choripanes, la gaseosa y el tinto para la muchachada leal?
No cuentan aquí los gastos de campaña que correrán a nombre del Senado o del gobierno provincial. Viaticará cada vez que vaya a sacarse la foto de una obra pública provincial al interior. Correrán a su favor los subsidios, los nombramientos, los favores de última hora de su amigo Juan Manuel.
La ley nacional 26.215 pretende hacer más transparente el manejo del dinero de las campañas, pero los candidatos justicialistas salteños suelen cumplirla con la misma desfachatez y descaro con la que reparten subsidios e inauguran obras dos minutos antes de los comicios.
Según la norma, diez días antes de las elecciones los candidatos deben presentar un informe previo detallando los ingresos y los gastos efectuados hasta ese momento y los previstos hasta el final de la campaña. Noventa días después, los candidatos deben presentar un informe final.
Un botón basta para mostrar hasta donde los candidatos justicialistas están dispuestos a informar a los electores cuánto dinero y cómo gastan en sus campañas. Diez días antes de las elecciones del 28 de octubre de 2007, el Frente Justicialista informó a la Justicia Electoral que ya llevaba gastado $ 295.000 en propaganda. Sin embargo, en el informe final, el Frente Justicialista consignó ¡sólo $ 92.662 de gastos por ese concepto! ¿Y los otros 200.000 que según su propio informe previo ya llevaba gastado?
El Frente Justicialista llevó a Juan Carlos Romero como primer candidato a senador nacional en una boleta donde el tercer candidato a diputado era el actual ministro de Trabajo de la Provincia, Rubén Fortuny. Vale la pena también recordar quiénes eran los candidatos a senadores suplentes: allí Pablo Kosiner –actual ministro de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos y Etcétera- se quedó en el segundo puesto y le cedió, como un caballero, el primer lugar a la señora Carmen Lucía Marcuzzi de Romero.
En el sitio oficial del Poder Judicial de la Nación (pjn.gov.ar), donde se encuentra disponible esa información, no se aclara si el actual senador nacional o sus acompañantes en la boleta recibieron alguna sanción por presentar un informe final de gastos de campaña absolutamente incongruente con su informe previo.
Pero esas rendiciones tienen otra rareza. Allí los candidatos juraron y perjuraron que no recibieron un solo centavo de aportes privados y que sólo usaron para su campaña los 115.000 pesos del aporte público que recibió el Frente. La declaración parece requerir la misma respuesta que el credo niceno constantinopolitano: un acto de fe.
De todos modos, a Romero le gusta hacer propaganda de su transparencia. En la edición del 11 de mayo pasado de su diario, se ufanó de ser el único senador nacional que había presentado hasta ese momento la declaración jurada de bienes. Lamentablemente, un aviso de último momento impidió al matutino publicar los bienes declarados por el senador.
No obstante, si se echó tan a menos como en su informe final de campaña, es posible conjeturar que Romero declaró en el Senado que vive con su senadora suplente en una casita del barrio Universitario , que tiene un Fiat Spazio 95, una caja de ahorro en el Macro con 930 pesos, y otros 28 en la billetera del vuelto del mondongo que acababa de comprar por encargo de Betina. Y que de ningún modo se está haciendo una costosísima, ostentosa y horrible mansión en Castellanos.
Tal es el nivel de credibilidad de unos candidatos que cada dos años se aprovechan de la democracia, a costa de destruirla un poco más. Tienen sin embargo el cinismo de decir, como en la plataforma de Yarade y compañía, que el futuro de la Argentina está en manos de sus representantes. Nos lo querrán administrar como al dinero de sus campañas.
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